El consejo asesor creado para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) desde una perspectiva de género ha iniciado hoy sus trabajos con el objetivo de mejorar la protección de mujeres víctimas de delitos y de eliminar cualquier vocablo arcaizante o discriminatorio para la mujer.

El consejo, creado por el Consejo de Ministros el 31 de agosto, ha iniciado sus trabajos en el Ministerio de Justicia en una reunión dirigida por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en sustitución de Dolores Delgado, que no ha podido asistir.

El objetivo, según ha informado el Ministerio en un comunicado, es hacer un análisis urgente de la ley procesal en vigor para mejorar la protección de las mujeres que son víctimas de comportamientos delictivos.

La magistrada del Supremo Ana Ferrer coordinará los trabajos con un objetivo "urgente": proponer reformas que mejoren la protección de la mujer víctima de delitos.

También "revisará el lenguaje para eliminar todo vocablo arcaizante o que entrañe un tratamiento discriminatorio para la mujer", según Justicia.

Además de Dolz y de Ferrer han asistido la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada; la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, María Isabel González Cano; la abogada del Colegio de Baleares, María Durán, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, Juan Luis Gómez Colomer.