Nueva Canarias (NC) ha anunciado este lunes el "decaimiento de cualquier compromiso con el PSOE", en protesta por la no aplicación de manera inmediata por parte del Ministerio de Fomento del descuento de un 75 % en los viajes en avión y barco a la Península para los residentes de las islas y de Ceuta y Melilla. El anuncio lo ha hecho ante el pleno del Congreso el diputado de ese partido, Pedro Quevedo, que ha criticado la "incalificable paciencia" del ministro José Luis Ábalos, a quien ha acusado de "displicente" y "desinformado". Quevedo ha apuntado, no obstante, que la ruptura está pendiente de la "decisión ejecutiva de la dirección de Nueva Canarias".

En un comunicado, el presidente de NC, Román Rodríguez, explica que su acuerdo electoral con el PSOE queda "en suspenso" hasta que se aplique la bonificación en los viajes, ya que se trata de un "derecho reconocido con carácter indefinido". Según Rodríguez, el asunto "sólo depende de la voluntad" política de los socialistas porque, "desde el punto de vista legal, no hay problemas", por lo que ha hecho un llamamiento a la movilización social e institucional.

Esta mañana, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido a analizar la posibilidad de aprobar este viernes dicho descuento a través de un decreto ley en el Consejo de Ministros. Según ha explicado el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, tras la reunión que ha mantenido con Ábalos en la sede del PSOE en Ferraz, el Ministerio de Fomento solicitará un informe a la Abogacía del Estado para ver si esa fórmula es posible jurídicamente y, si no, se optará por el Real Decreto por trámite de urgencia.

Esta segunda alternativa supondría reducir los plazos a la mitad sobre el trámite normal, con lo que la bonificación podría entrar en vigor en tres meses, frente a los seis anunciados por Ábalos la pasada semana en el Congreso. Ábalos tiene además previsto reunirse mañana con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta balear, Francina Armengol, para tratar este asunto, que afecta a unos 3,5 millones de ciudadanos baleares, canarios, ceutíes y melillenses