Gemma Alcalá, mujer del comisario José Manuel Villarejo, y los otros cuatro detenidos en la noche del viernes en el marco de una operación de Anticorrupción, ya declaran ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Tándem', Manuel Garcí-Castellón.

El operativo en el que se practicó su detención fue llevado a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción en relación a una pieza secreta, la número 28, de la causa 'Tándem' y se les imputan delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Todos los arrestados, según precisan fuentes policiales, forman parte del entorno del comisario.

Tras la comparecencia de esta mañana, los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano podrían solicitar medidas cautelares contra los detenidos que pueden llegar a la prisión condicional, algo que el magistrado deberá valorar su aplica.

Alcalá, periodista de profesión, ya fue una de las cuatro personas detenidas en noviembre de 2017 en la operación de la Audiencia Nacional en la que además fue arrestado el propio Villarejo, quien desde entonces permanece en la cárcel de Estremera en prisión provisional.

Según fuentes policiales consultadas, al mismo tiempo que se producían las detenciones de este viernes, una comitiva judicial registró la celda del comisario y se incautó de documentación. Durante el registro --que no fue el único porque también se entró en su domicilio-- Villarejo habría protestado y reaccionado de forma agresiva.

Ahora, el juez del 'caso Tándem', que investiga las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, indagará en si los detenidos podrían haber participado en una trama de venta de documentos relativos a investigaciones oficiales de la Policía, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Uno de los detenidos es un abogado que compartió prisión en Estremera (Madrid) con el comisario investigado y presuntamente habría participado en la trama de venta de esos documentos, según las mismas fuentes. Según señala ABC, entre ellos se encontrarían los relativos a las investigaciones judiciales al 'procés' que la trama estaría tratando de vender a personas del entorno independentista.

ALCALÁ, PIEZA CLAVE EN LA ORGANIZACIÓN DE VILLAREJO

Para la Fiscalía Anticorrupción, Alcalá cumplía un papel de relevancia en la organización de Villarejo, tanto es así que en su escrito de acusación de la pieza número 2, denominada 'Iron', solicitó para ella 46 años y nueve meses de cárcel. Para Villarejo interesaba por esa misma pieza, en la que se investiga el encargo del despacho de abogados Herrero & Asociados de espiar a un bufete de la competencia, 57 años de cárcel.

Esa fue la primera pieza de la que se concluyó la instrucción de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga esas actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva. La segunda fue

El proyecto 'Iron' reveló un 'modus operandi' en la actividad profesional del comisario que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el 'caso Tándem', y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

En otra de las piezas de las que se ha concluido la instrucción, 'Land', que versa sobre el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca', el ministerio público interesaba para Gemma Alcalá otros 36 años y cuatro meses, lo mismo que para el socio de Villarejo, Rafael Redondo. Así, hasta la fecha, para la mujer del comisario se piden más de 82 años de cárcel.