Mossos d'Esquadra y la policía inglesa de la región de West Yorkshire han llevado a cabo una investigación, coordinada a través de Europol, que ha permitido recuperar 6 millones de euros que se destinarán a las víctimas en España de un fraude piramidal con más de doscientos afectados.

Según informa la policía de la Generalitat, la estafa asciende a más de 15 millones de euros y el acusado se encuentra en prisión provisional desde 2019, pero había una opción de rescatar parte del dinero en la que se ha trabajado hasta ahora.

El detenido es un supuesto bróker de Girona que, desde el Reino Unido, ofrecía rentabilidades elevadas a sus inversores y que, en los años previos a su encarcelamiento, residía en aquel país.

Agentes de los Mossos de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago contaron desde el inicio con la colaboración de las autoridades británicas para la investigación del caso.

En el marco de ese trabajo conjunto coordinado por Europol, la policía catalana supo que la de West Yorkshire también investigaba a esta persona hacía meses por hechos similares, por lo que ambos cuerpos se reunieron en La Haya para planificar todo el trabajo.

Los Mossos asumieron la dirección de las actuaciones, ya que se había abierto un procedimiento en Girona, pero siempre en colaboración con los agentes del Reino Unido, donde se habían intervenido fondos y bienes.

Las autoridades británicas abrieron entonces esa vía para recabar dinero para las víctimas, consistente en imponer sanciones relacionadas con los gastos de millones de euros que el presunto estafador realizó en juegos de azar, apuestas y casinos en aquel país.

La Comisión del Juego del Reino Unido investigó a diferentes operadores y empresas de ese sector por si habían infringido la normativa, lo que permitiría destinar el importe de las multas a los afectados.

Después de más de dos años y una vez impuestas esas sanciones económicas por diferentes irregularidades cometidas, la policía de West Yorkshire ha transferido a las autoridades judiciales españolas más de 6 millones de euros.

Ese dinero, si así lo determinan los tribunales, servirá para resarcir a las víctimas de este fraude internacional.