Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil compartirán la sala de mando del dispositivo policial que se desplegará para blindar el Consejo de Ministros de Barcelona el próximo 21-D, jornada en que los independentistas han convocado protestas en toda Cataluña.

Según han informado fuentes policiales, el Centro de Coordinación Operativa (Cecor) del dispositivo de seguridad establecido para el 21-D contará con la presencia de mandos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que de esta manera podrán adoptar decisiones colegiadas, más allá del reparto de funciones encomendadas a partir de sus respectivas competencias.

El dispositivo policial diseñado para la jornada del Consejo de Ministros, que entre otras medidas prevé aprobar una subida del salario mínimo hasta los 900 euros y del 2,25% en el sueldo de los funcionarios, blindará los alrededores de la Llotja de Mar, donde se celebrará la reunión, y afectará a la zona comprendida entre Via Laietana, Drassanes y la calle Comerç.

La presencia de representantes de todos los cuerpos en el centro de mando permitirá, según las fuentes, adoptar decisiones colegiadas y compartir en directo información recabada por los efectivos desplegados sobre el terreno, para poder tomar decisiones, en una jornada en que se prevé una simultaneidad de protestas en varios puntos del territorio catalán.

No obstante, cada cuerpo mantendrá la capacidad última de decidir respecto a las competencias que tiene atribuidas -por ejemplo, los Mossos d'Esquadra en orden público-, si bien el hecho de compartir la sala de mando facilitará que haya decisiones colegiadas, según las fuentes.

Como es habitual en este tipo de dispositivos, la protección de las autoridades y de la zona más cercana a la celebración del Consejo de Ministros recaerá en la Policía Nacional.

Más allá de garantizar la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de todos los ministros a la reunión del ejecutivo en la Llotja de Mar, una de las principales preocupaciones de los responsables del dispositivo se centra en las complicaciones en la movilidad que pueda haber ese día en los accesos a Barcelona.

A diferencia de una protesta ordinaria, en que las personas que provoquen altercados podrían ser acusadas de delitos como desobediencia, resistencia a la autoridad o contra el orden público, en el caso de que alguien intentara impedir la celebración de la reunión del Consejo de Ministros podrían ser imputados por un delito más grave, contra las Instituciones del Estado, como ocurrió en el asedio de los "indignados" al Parlament en la etapa de Artur Mas.

En concreto, el artículo 503 del Código Penal prevé entre dos y cuatro años de cárcel para los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros y para los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave.

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que reforzarán la seguridad durante la celebración el viernes del Consejo de Ministros en Barcelona están llegando ya a Cataluña, donde se prevé un despliegue de más de 1.300 efectivos de ambos cuerpos.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han movilizado a todos sus efectivos operativos, en un dispositivo que se desplegará por toda Cataluña, donde grupos de independentistas preparan actos de protesta.

Los Mossos afrontan el 21-D una jornada clave, tras la polémica política por las críticas del presidente catalán Quim Torra y del conseller Miquel Buch a las cargas de la policía autonómica contra grupos que querían boicotear durante el puente de la Constitución actos de Vox.

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El conseller Buch se acabó disculpando ante los Mossos por esas críticas, mientras la Fiscalía abrió una investigación por la supuesta inacción de los Mossos en los cortes de autopista y levantamiento de barreras de peaje que los CDR protagonizaron durante horas en el puente de la Constitución.

Precisamente, los sindicatos de los Mossos d'Esquadra y el colectivo MosSOS han anunciado que posponen sus protestas -están en pie de guerra contra el gobierno catalán por la falta de efectivos y de medios- hasta después del 21-D, ya que ese día trabajarán con "exquisita profesionalidad" dada la importancia de la jornada.

De cara al 21-D, las protestas convocadas por organizaciones independentistas han obligado a aplazar, a petición de los abogados, la declaración como investigado del activista Roger Español, el joven que perdió un ojo al recibir el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional el 1-O, que debía comparecer el viernes ante el juez acusado de arrojar vallas metálicas contra los agentes.