El sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà ha comparecido este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como investigado por presuntamente haber sido el escolta del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica, y se ha acogido a su derecho a no declarar.

Escolà, citado este jueves a las 10.00 horas, ha llegado al Palacio de Justicia en Barcelona antes de las 9.30, ha salido sobre las 10.30, y ha acudido acompañado de su abogada Isabel Elbal.

Estaba citado como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por lo que la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias tras una denuncia de Cs en 2019.

MIQUEL BUCH

El martes fue citado ante el tribunal el conseller de Interior, Miquel Buch, por presuntamente haber destinado a Escolà como escolta de Puigdemont, cuando fue nombrado asesor de la Conselleria en materia de sistemas de seguridad en julio de 2018, y según la querella de la Fiscalía, Buch le dio el cargo "en un acto de arbitrariedad" para que hiciera de escolta.

Buch declaró y respondió a todas las partes durante más de tres horas y aseguró que Escolà fue elegido por el conseller para tener una perspectiva más técnica sobre el cuerpo y la seguridad, ya que al llegar al cargo no tenía experiencia en la materia.

La magistrada Mercedes Armas les cita por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al servicio de escoltas y protección al expresidente fuera de España desde octubre de 2017, tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía.

El Ministerio Público se querelló contra Buch por presuntamente nombrar como asesor al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica de Puigdemont, al que el Tribunal Supremo procesó por el 1-O y declaró en rebeldía.

El TSJC acordó incoar diligencias previas porque "del profuso relato de hechos contenido en la querella, se desprende la existencia de indicios suficientes" de los tipos delictivos.

QUERELLA

La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de marzo de 2019 tras recibir una denuncia de Cs que aseguraba que Escolà, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.

Según la querella de Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituyó un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde".