La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el proyecto presupuestario de 2019 aporta una renta indirecta en forma de prestaciones o servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano.

Esta cifra se eleva hasta los 5.148 millones si se incluyen los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas con transferencias del Estado, ha señalado Montero durante el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario de 2019.

Los servicios públicos llegan así a todos los ciudadanos, ha argumentado Montero, que ha defendido que estos presupuestos suponen una "enmienda a la totalidad " de la política social, económica y presupuestaria de los gobiernos del PP, que a su juicio agravaron la "dureza e impacto" de la crisis en las clases medias.

También ha criticado que la administración general del Estado "incumplió de forma sistemática" los objetivos de déficit, que solo se cumplieron a nivel global gracias a los esfuerzos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Los presupuestos avanzan en la consolidación fiscal -ha asegurado que sin cuentas el déficit público se iría al 2,2 o el 2,4 % del PIB, cuando el objetivo es del 1,3 %- al tiempo que afrontan "los problemas cotidianos de la gente".

Las cuentas son "un punto de inflexión necesario", avanzan en la cohesión social e invierten en políticas de gasto "esenciales" como la investigación, la cualificación de la mayo de obra o la lucha contra la violencia de género.

"La competitividad de un país no puede ser a costa de la dignidad de los trabajadores", ha subrayado, sino que el empleo tiene que ser "de calidad, digno, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres".

La ministra también se ha referido a la subida del salario mínimo, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y permitirá recuperar el peso de los salarios sobre el PIB, que era del 51,91 % en 2009 y se ha reducido hasta el 47,18 %.

También ha defendido que las cuentas incluyen medidas para recuperar el "ascensor social" del Estado del bienestar y otras como un ingreso mínimo vital que permitirá que 82.000 niños salgan de la pobreza severa.

Asimismo, ha apuntado que las empresas y emprendedores se beneficiarán de más de 13.000 millones de euros a través de transferencias, servicios o inversión en investigación y desarrollo.