La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que la fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal, prevista para 2023, está relacionada con la recuperación de la situación económica previa a la pandemia, por lo que si esta se retrasa, también lo hará el cambio tributario.

En un encuentro con medios de comunicación para presentar los componentes del Plan de Recuperación que afectan a su departamento, Montero ha situado como objetivo de la reforma fiscal la reducción progresiva de la brecha fiscal entre España y la Unión Europea, que ha cifrado en 7,7 puntos de PIB, en línea con las recomendaciones europeas, aunque no se cerrará completamente con el Plan.

La ministra ha subrayado que no se va a poner en marcha "ninguna medida fiscal que pueda lastrar la recuperación", por lo que si la economía no se ha recuperado en 2023 como está previsto "todo el calendario también se moviliza".

El cierre de esta brecha se hará "de forma natural", ha insistido, porque "parece coherente, ético, que cuando se solicita a otros países que soportan mayor presión fiscal que se endeuden" para aportar fondos a España, se responda incrementando la recaudación con respecto al PIB.

La futura reforma fiscal analizará las propuestas del comité de expertos, que presentará su informe en febrero de 2022, aunque el Gobierno decidirá tanto las medidas que incorpora como la fecha de implementación.

Así, Montero ha señalado que los cambios comprometidos con Bruselas en materia de IRPF o impuesto de patrimonio son los ya implementados en 2021.

"En ningún caso vamos a subir impuestos a la clase media ni trabajadora", ha insistido, y "si podemos aliviaremos su carga fiscal", que es proporcionalmente mayor a la de otros grupos.

Los cambios en fiscalidad medioambiental pasan por nuevos impuestos sobre los residuos o los plásticos de un solo uso o la revisión de bonificaciones, entre ellas la diferente tributación de la gasolina y el diésel, aunque Montero ha asegurado no hay un compromiso de equiparar ambos combustibles.

Montero también ha puesto el foco en la evaluación de los diferentes beneficios fiscales que, ha insistido, no supone su supresión, sino una revisión de si cumplen sus objetivos, al tiempo que ha apuntado que no hay ninguna decisión tomada respecto a los tipos reducidos de IVA.

La ministra también ha detallado el componente dedicado a reforzar la lucha contra el fraude fiscal, que prevé la entrada en vigor de la nueva ley en el segundo trimestre de este año o alcanzar los 27.000 efectivos en la Agencia Tributaria, entre otras cuestiones.