(Actualiza la noticia NA2260 con más declaraciones de los ministros de Hacienda y de Justicia)

El Gobierno ha exigido este martes al PP que ponga fin a su actitud "tremendamente antidemocrática" de "boicotear" la renovación de los órganos constitucionales y no ha descartado estudiar alguna reforma en relación con el Tribunal de Cuentas si no se eligen sus nuevos vocales.

"Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad de plantear algún cambio normativo sobre el órgano fiscalizador.

Según Montero, el plazo de los actuales vocales del Tribunal de Cuentas concluye el 23 de julio, por lo que ha considerado pertinente "esperar a ese momento" para ver si el PP se aviene a renovar a sus doce vocales, de los que seis corresponde al Congreso y seis al Senado.

Al igual que con otros órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas requiere mayoría reforzada, por lo que es preciso el pacto entre PSOE y PP.

El Gobierno ya puso sobre la mesa una reforma legal sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ para evitar la mayoría reforzada, aunque finalmente la descartó.

La portavoz del Gobierno ha recordado que la composición del órgano fiscalizador responde a la mayoría absoluta que tenía el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, ha puntualizado que su renovación "no va a alterar las investigaciones" que el tribunal tiene en curso, como la relativa a los dirigentes del "procés", a los que reclama 5,4 millones de euros por organizar el referéndum ilegal.

Montero ha subrayado que la renovación es necesaria para "el buen funcionamiento" de la institución ante las limitaciones que pasa a tener al expirar su mandato.

En su comparecencia, ha hecho hincapié en que el PP no puede erigirse como "autoridad única" para aceptar la renovación de los órganos institucionales.

"No es de recibo. Es una actitud tremendamente antidemocrática del PP por no cumplir el mandato constitucional. Un partido no puede ejercer el veto amparándose en excusas variopintas simplemente porque cree que le benefician las mayorías actuales", ha argumentado Montero.

Ha apuntado que la elección de nuevos vocales "no es voluntario, sino obligado", como dicta la Constitución.

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La ministra de Hacienda ha manifestado que el Gobierno no se pronuncia sobre la reclamación de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas como Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras por malversar fondos públicos para el "procés".

"Es importante trasladar el respeto del Gobierno a todas esas investigaciones y el que el PP no puede sumar un órgano más a la no renovación", ha remarcado la portavoz del Ejecutivo, quien ha recordado que las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden ser impugnadas en la vía judicial.

Argumentos similares ha expuesto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha advertido de que "un bloqueo deliberado de las instituciones hace mucho daño a la democracia".

Campo, quien ha insistido en la idea del Gobierno de que no había alternativa a los indultos a los líderes independentistas, ha sido preguntado por la petición de varios partidos independentistas catalanes para que la Abogacía de Estado se retire de la causa del Tribunal de Cuentas.

Ha aclarado que este tribunal no tiene una naturaleza jurisdiccional y, por tanto, una vez que hace la liquidación provisional, la Abogacía del Estado ya no presenta demanda.

La decisión del Tribunal de Cuentas sobre los líderes independentistas se ha comunicado horas antes de la reunión que mantendrá en Moncloa el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, un encuentro que Montero ha confiado en que sirva de punto de partida para una nueva relación en busca de soluciones.

Se ha mostrado convencida de que en el encuentro habrá propuestas por ambas partes y ha recalcado que el Gobierno mantendrá sus "líneas rojas" en materia constitucional.

Pero ha garantizado que Sánchez tenderá la mano al entendimiento y "depende de la otra parte si quiere sumarse a esa convivencia o prefieren estar en otras posturas que son inútiles, no conducen a nada y generan malestar y frustración".