La acusación que ejerce IU en el caso Púnica ha lamentado que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya rechazado su petición de imputar en la causa al PP como persona jurídica en relación a la presunta financiación ilegal del partido en Madrid.

Según señala el equipo jurídico de Izquierda Unida en una nota de prensa, "existen sobrados motivos" para acordar esa imputación y considera que "desde hace tiempo quedaron superados razonamientos como los expresados por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que es 'prematuro' citar al Partido Popular, entre otras razones por el avanzado estado en que se encuentra la investigación".

IU, que ejerce la acusación popular en esta causa junto a otras formaciones, ha querido dejar claro que "rechaza y no comparte en absoluto" la decisión de García Castellón, que ha contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Y lo ha hecho, destaca, pese a reconocer ahora que hay "matices que no se había planteado antes en relación a la trama" Púnica.

Señala en este sentido que en el escrito remitido al magistrado desde Anticorrupción se indica que la investigación "sobre el presunto desvío de fondos públicos que habrían podido atender pagos electorales, omitidos en la contabilidad de las campañas, gastos particulares del Partido Popular de la Comunidad de Madrid o enriquecido a terceros partícipes, no ha concluido todavía'".

Con este argumento la Fiscalía consideró "prematuro realizar una valoración de la participación del propio Partido Popular que justifique su llamada a la causa", "rebajando el rechazo tajante existente hasta el momento", según interpreta IU.

Por ello, el equipo jurídico de la formación anuncia que, pese a esa negativa, no abandonará "la línea seguida en todos estos años" y volverán "a insistir en ella".

IU pidió en octubre al juez la imputación del PP "por su presunta participación directa en la trama Púnica" ante "las importantes novedades" en la instrucción.

Se refería fundamentalmente a la imputación de la expresidenta madrileña y también del PP de Madrid durante más de una década, Esperanza Aguirre, así como de "otros colaboradores y empresarios", todo ellos por "estar involucrados en diferentes acciones con relevancia penal que giran en torno a la financiación ilícita del Partido Popular en Madrid".

A ello se suman otros indicios aportados a la causa "sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados con la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2014, en concreto, la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra y de diversos informes realizados por la Guardia Civil (UCO)".

Cree IU que con todos esos antecedentes la imputación del PP como persona jurídica "estaría justificada", toda vez que este partido, según afirma esta acusación, "tomó decisiones para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad".

Y es que, según denuncian, "no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público, que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas".