Advierte de que el Ayuntamiento ha "desoído la invitación" de la juez instructora de personarse en la investigación como parte perjudicada

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento hispalense, Javier Millán, ha avisado este lunes de que la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ya estaba personada en la investigación judicial sobre supuestos daños y coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, antes de que la juez instructora ofreciese al Consistorio ejercer acciones como perjudicado, lo que le ha llevado a considerar que el Gobierno local del socialista Juan Espadas ha "desoído" dicha invitación y ha vuelto a "escurrir el bulto" para "no incomodar a los violentos".

Javier Millán ha celebrado este lunes una rueda de prensa, en torno al auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, ofrecía al Ayuntamiento hispalense ejercer acciones judiciales como perjudicado.

A tal efecto, recordemos que mientras el juzgado ofrecía tal extremo al Ayuntamiento al incluir la investigación supuestas infracciones e incumplimientos de las ordenanzas y directrices municipales que pesan sobre la actividad de los taxis, el alcalde hispalense, Juan Espadas, exponía que dado que en esta causa la Fiscalía ya ejerce como acusación pública, había sido encargado "un informe específico" al secretario general del Ayuntamiento para que ante este caso y las situaciones similares rija "un criterio claro y técnico".

EL INFORME DE LA SECRETARÍA

El mencionado informe, adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, aborda las situaciones en las que el Ayuntamiento debe decidir si personarse o no en investigaciones judiciales sobre hechos con posible incidencia en el interés municipal, determinando dicho documento que el ejercicio de la acusación particular debe quedar reservado a situaciones en las que el Ayuntamiento "pueda haber sido especialmente perjudicado por la presunta comisión del delito", toda vez que en este caso en concreto, la Secretaría General del Consistorio considera que en principio "no parece que haya un bien o derecho municipal específico que requiera el ejercicio de una acción en su defensa, sino que únicamente se han vulnerado normas municipales".

Al respecto, Millán ha lamentado que el Gobierno local socialista haya "desoído la invitación" de la juez instructora y no se persone expresamente como acusación en esta investigación judicial, recordando que la juez ha apreciado que los hechos indagados implican "un grave perjuicio a la ciudad". A colación, ha advertido de que el propio informe de la Secretaría General del Ayuntamiento refleja que Tussam "ya estaba personada" en la causa cuando la juez cursó el citado ofrecimiento al Consistorio, lo que le ha llevado a insistir en la idea de que el Gobierno local socialista ha optado por "escurrir el bulto y ponerse de perfil para no incomodar a los violentos".

Del mismo modo, ha opinado que en una investigación así, la personación "corresponde al Ayuntamiento" y no a Tussam, advirtiendo de que el Gobierno municipal recurre a la "política de la avestruz" y ha "perdido otra ocasión para hacer frente a las prácticas coactivas" atribuidas a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi y a los responsables de dicha organización para acaparar la parada de taxis del aeropuerto.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS TAXIS

Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.

Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.

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De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto, toda vez que la juez instructora ha imputado a la propia asociación como persona jurídica.

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".

Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.

SOLIDARIDAD SE DEFIENDE

La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".

La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de "amistad" entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete.

No obstante, Cabrera ha negado tal extremo, defendiendo que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".