Enrique Rodríguez de la Rubia

La discutida enmienda presentada por el PSOE para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit ha vuelto a poner en el ojo del huracán a la Mesa del Congreso, envuelta en los últimos años en interminables embrollos jurídicos entre el Gobierno y la oposición.

Durante las dos últimas legislaturas, en las que ningún Gobierno ha contado con una mayoría parlamentaria cómoda, la Mesa se ha convertido en el órgano más controvertido de la Cámara, obligado a erigirse en un árbitro, la mayoría de las veces incómodo.

Hasta las elecciones de diciembre de 2015 y la fragmentación política por la llegada de nuevos partidos al Congreso, la Mesa había jugado un papel esencial en el funcionamiento interno de la Cámara, pero alejado casi siempre de los focos.

La Mesa comenzó a ganar protagonismo cuando llegó a la Presidencia del Congreso el socialista Patxi López, en aquella legislatura frustrada en la que hubo que repetir elecciones ante el fracaso para investir al nuevo presidente del Gobierno.

López presidió una Mesa del Congreso en la que el PP, que todavía conservaba el Ejecutivo en funciones, ya no tenía la mayoría.

El exlehendakari socialista puso todo su empeño en que el Congreso funcionara con normalidad, que hubiera actividad legislativa y que se celebraran sesiones de control al Ejecutivo.

Algo a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy se negó en redondo, provocando el primero de una larga lista de conflictos entre dos de los poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, que han llegado incluso al Tribunal Constitucional.

Con la repetición de las elecciones generales en junio de 2016, la Mesa volvió a cambiar de composición, esta vez con la 'popular' Ana Pastor como presidenta.

El reparto de los miembros de la Mesa -elegidos mediante voto en urna en el pleno- dejó a las claras que sus decisiones no serían unánimes.

De sus nueve miembros, el PP obtuvo tres asientos y el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, dos cada uno.

El PP, el partido más votado y que al final se alzó con el Gobierno, quedaba en minoría, pero podía alcanzar una mayoría de bloqueo junto a Ciudadanos.

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Con esos cinco votos en la Mesa, ambos partidos ratificaron la mayoría de los vetos del Ejecutivo de Rajoy a las proposiciones de ley del resto de los grupos.

En total son más de sesenta iniciativas, que el Ejecutivo del PSOE ha desbloqueado.

Con la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura, el PP ha conservado la Presidencia del Congreso y esa mayoría de bloqueo en la Mesa, lo que ha utilizado -según los socialistas- para poner palos en las ruedas de los proyectos del nuevo Ejecutivo.

Así lo han denunciado con la renovación por concurso público de RTVE y también con la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la Ley de Estabilidad, tramitación rápida a la que la Mesa se ha opuesto.

Para sortear a la Mesa, el PSOE presentó este martes una enmienda a un proyecto de ley ya en tramitación -sobre el Poder Judicial- que nada tiene que ver con la Ley de Estabilidad y que ya ha sido admitida a trámite por la Comisión de Justicia.

Una "argucia" parlamentaria que el Gobierno considera perfectamente legal pero que ha llevado al PP y a Cs a recurrir en amparo a la Mesa, órgano en el que juntos tienen mayoría.

En su escrito, el PP pide amparo a Pastor, a la que ha reclamado la "suspensión inmediata" de la enmienda presentada por el PSOE ya que, a su juicio, se trata de un "fraude" de ley y a la propia institución.

Ciudadanos, por su parte, solicita a la Mesa que paralice la tramitación de esa reforma hasta que no haya quedado resuelta su reclamación y que impida la designación de los ponentes que debatirán la enmienda que, recuerda, nada tiene que ver con la ley en la que se pretende introducir.

Antes incluso de que la Mesa analice esos recursos mañana lunes, el Gobierno ya ha advertido de que el órgano que preside Pastor no puede revisar los acuerdos de la Comisión de Justicia, algo con lo que no están de acuerdo ni PP ni Cs.

Todo indica que, por enésima vez, la Mesa encargará un informe jurídico que arroje algo de luz sobre el conflicto.

Más trabajo para un cuerpo de letrados integrado por medio centenar de funcionarios en activo que, además del trabajo administrativo de las comisiones, se encarga del asesoramiento legal, no solo en este tipo de enredos jurídicos, sino en la redacción de los propios textos legales.