Más Madrid ha interpuesto una denuncia contra Vox en la Fiscalía Provincial de Madrid por posible delito de odio en la cartelería electoral de la estación de tren de Sol, dirigida contra los menores no acompañados.

Los carteles incluyen mensajes como 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura.

Más Madrid argumenta en la denuncia interpuesta por su presidente, Pablo Gómez Perpinyà, que el discurso de odio "consiste en fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación personal, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional".

"Desgraciadamente aún tenemos que presenciar este tipo de conductas presuntamente delictivas que, motivadas por el odio y la intolerancia, limitan la dignidad y ponen en riesgo la libertad y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades", han añadido en la denuncia.

ESPECIAL DIFUSIÓN EN CAMPAÑA

Como denunciantes entienden que sería de aplicación el agravante previsto por el artículo 510.3 del Código Penal, que establece que las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que se hiciera accesible a un elevado número de personas.

A lo que añaden el agravante de que "detrás del señalamiento a una categoría 'administrativa' se esconde una criminalización a un conjunto especialmente vulnerable pues se trata de menores de edad cuyo origen es extranjero y que en España no disponen de sus tutores legales, por lo que se hace más imperativo que exista una protección reforzada para evitar lo que el tipo penal busca proteger".

Perpinyà apostilla que los hechos denunciados se realizan en el marco de un proceso electoral en el que Vox dispone de "una especial atención mediática fruto de la mera convocatoria electoral, lo cual es reforzado por una disponibilidad de medios públicos para difundir dichos mensajes de odio de manera directa mediante los espacios electorales aprobados por la Junta Electoral Provincial y de manera indirecta mediante por la más que probable subvención electoral, que vendrá a restituir los gastos realizados para difundir los discursos de odio denunciados".

"Es por ello que los denunciados son conocedores de la amplificación de su mensaje y de su capacidad para amplificar el objeto de discriminación y señalamiento del conjunto de menores que se agrupan bajo el apelativo administrativo de 'menas' al emitirlos en periodo de campaña electoral", han argumentado.

ENTREVISTAS

En su denuncia, Más Madrid incluye entrevistas en prensa y televisión de la candidata de Vox a las elecciones del 4 de mayo, Rocío Monasterio, donde se pronuncia sobre los menores no acompañados. Dan traslado igualmente a la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio y piden "efectuar un seguimiento de aquellos casos de delitos de odio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que adquieran relevancia, ante la alarma social que representen, la complejidad o la gravedad de los hechos delictivos".

Más Madrid aporta en la denuncia la posibilidad de que la candidata de Vox y su cartel de campaña electoral emplee cifras "que pueden haber sido extraídas de los Acuerdos de Gobierno de la Comunidad de Madrid", concretamente de la reunión del pasado 3 de marzo, cuando se contrató un servicio de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no acompañados de 13 a 17 años, con 16 plazas, con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial por un importe de 448.448 euros.

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"Si dividimos el importe por las 16 plazas y la duración del contrato (6 meses) los 4.671,33 euros resultantes se aproximan a la cifra mencionada en las entrevistas", han indicado, después de apuntar que el programa 'VerificaRTVE' del 16 de abril "ya hizo un trabajo de investigación al respecto hablando con la entidad beneficiaria de dichas partidas".

Allí se recoge que las concesiones de las comunidades autónomas "no son un sueldo que los menores reciben tal cual, que esté a su disposición".

El coordinador técnico de Servicio para el Desarrollo (SERCADE), Xavier Parra, también especificó que las comunidades "no dan directamente dinero de bolsillo a ningún menor sino concesiones para la gestión de un conjunto de servicios, entre los que están mantener un espacio o gestionar a su personal, que puede ser extranjero o español". Y para añadir que en la Comunidad de Madrid "el coste de la plaza de acogida "no depende de la nacionalidad sino de las necesidades del menor".