El Consejo de Ministros ha nombrado hoy fiscal general del Estado a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y después de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.

En el examen parlamentario, el último trámite que marca la ley antes del nombramiento, Segarra aseguró que actuará al frente del Ministerio Público con independencia y autonomía del Gobierno y avanzó que su "única guía" ante el desafío independentista catalán será la ley.

Afirmó ante los diputados que en la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas", sino por la comisión de delitos, y lanzó un mensaje al movimiento secesionista: "No podemos hablar de presos políticos".

Segarra ratificó asimismo el "compromiso inquebrantable" de la Fiscalía frente a la corrupción y apostó por la aplicación de la ley como la mejor manera de combatir el terrorismo.

El pasado 18 de junio el pleno del CGPJ consideró por unanimidad que reunía los méritos y requisitos exigidos para dirigir el Ministerio Fiscal y avaló su idoneidad para suceder a Julián Sánchez Melgar, que fue cesado ya el pasado viernes tras poco más de seis meses en el cargo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Segarra ingresó en 1987 en la carrera fiscal, en la que ha ocupado destinos en la Fiscalía de la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y en la Fiscalía Provincial de Sevilla, de la que es fiscal jefe desde diciembre de 2004.

Está especializada en Familia y Protección de Menores y ha participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y seminarios sobre esa materia.

Ante las preguntas sobre su amistad con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Segarra reconoció en el Congreso que coincidieron en su primer destino, Barcelona, y recientemente en la campaña para acceder al Consejo Fiscal, ambas como miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Le agradeció que propusiera su nombre, pero también dejó claro que la "clave de bóveda" de su mandato será actuar con "absoluta independencia" y "plena autonomía", porque "al fiscal general del Estado no se le pueden dar órdenes de ningún tipo".