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Marí Ribas atribuye a "ley vigente" no renovar permisos de ocupación temporal a empresas de reparación de embarcaciones

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:53

El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas, ha atribuido a "la normativa vigente" el hecho de no renovar las autorizaciones de ocupación temporal del puerto de Palma a las empresas del sector de reparación de embarcaciones.

Así ha respondido el conseller este martes en el Parlament a una pregunta de la diputada del PP Virginia Marí, quien ha criticado que "las pymes de las Islas dedicadas a la reparación de embarcaciones ya sufrieron durante la COVID-19 la creación de una nueva tasa por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que en un momento tan grave hizo que algunas de ellas desaparecieran".

El conseller de Movilidad y Vivienda ha defendido, sin embargo, la actuación de la APB, de la que ha querido destacar que "ha actuado cumpliendo estrictamente la ley".

"La no renovación de autorizaciones de ocupación temporal en el puerto de Palma a empresas del sector de reparación de embarcaciones no es, de hecho, un problema administrativo, sino de cumplimiento de la normativa vigente, que no permite conceder más autorizaciones a la empresa STP", ha enfatizado el conseller, quien ha añadido que "la APB se encuentra pendiente de la emisión de informes de la Abogacía del Estado, para saber la conformidad a derecho de la concesión de las autorizaciones".

Frente a esta situación, la diputada 'popular' Virginia Marí ha defendido que el Puerto de Palma "es un referente en empresas de mantenimiento y reparación, que aportan grandes dividendos a la economía balear". Y, ha lamentado la "incertidumbre y desesperación, a la que se aboca a trabajadores de estas empresas, porque podrían desaparecer hasta 150 puestos de trabajo".

"Este sector", ha continuado diciendo, "también forma parte de la reactivación económica puesto que se trata de empresas que trabajan todo el año, especialmente en los meses de otoño e invierno, cuando tienen hasta 31 embarcaciones de gran eslora esperando ser atendidas, lo que puede significar entre 70 y 80 millones de facturación". Por ello, ha enfatizado, "no se puede permitir que se marchen y echen a la gente al paro".

A pesar de las palabras de la diputada del PP, el conseller ha reiterado en que "la empresa STP es titular de una concesión que dura hasta 2025, por tanto es vigente en estos momentos, lo que ha ocupado dominio público en base a autorizaciones de carácter temporal, que tienen un plazo de tres años".

De este modo, ha hecho hincapié en que "una vez ha terminado el plazo de estas autorizaciones temporales no se ha firmado ninguna otra porque va en contra de la ley".

En cualquier caso, ha apuntado que "de forma paralela, se trabaja con la empresa, con servicios técnicos portuarios, en la modificación de la concesión, para ver si es posible la ampliación que piden vía modificación de la concesión actual y, así, no tener que emitir más autorizaciones temporales".

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