La Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 30 años de prisión para el hombre de 52 años, ex compañero sentimental de la expresa de ETA Sara Majarenas, que acuchilló a la hija de ambos en enero de 2017 en Benifaió (Valencia).

El juicio por estos hechos, que arrancó el pasado 9 de septiembre en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, ha quedado hoy visto para sentencia, según ha informado el letrado de la acusación particular Aier Zelarrarte.

La defensa había planteado la ininputabilidad del acusado por enfermedad mental, un extremo que los peritos han negado en la vista de hoy, según ha explicado el letrado de Majarenas.

El acusado, natural de Etiopía pero de nacionalidad griega, está acusado de haber atacado con un cuchillo a la menor, de 2 años y 10 meses, mientras Majarenas cumplía condena en el centro penitenciario de Picassent.

La expresa quedó en libertad en abril del año pasado, aunque desde estos hechos obtuvo el segundo grado para cuidar de su hija.

La menor pasaba la mayor parte de la semana con su madre en un módulo específico, pero los fines de semana salía para estar con su padre.

Según el relato del Ministerio Público, el acusado estaba discutiendo con Majarenas por teléfono y en el transcurso de la misma cogió dos cuchillos de cocina y se dirigió hacia la menor, que era ajena a la conversación y se encontraba jugando en otra habitación.

Sin mediar palabra alguna con ella, le asestó dos puñaladas, una en la espalda y otra en el costado izquierdo, y continuó con la conversación para indicarle a la madre: "Se está muriendo".

El acusado se dirigió al puesto de la Policía Local de Benifaió para relatar lo que acababa de hacer, aunque antes llamó al padre de Majarenas para informarle sobre lo que había hecho y decirle que ese era su "regalo de cumpleaños".

La menor sobrevivió a las graves heridas, que le afectaron al hígado, estómago y un pulmón y que la mantuvieron hospitalizada durante 37 días, aunque todavía sufre estrés postraumático y trastorno de ansiedad, por los que recibe tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico.

El fiscal califica estos hechos como un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones psíquicas, por los que reclama una pena de 30 años de prisión y una indemnización de 56.750 euros por las lesiones, las secuelas y los daños morales, más 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 34.047 euros a la Generalitat por los gastos sanitarios.

La acusación particular ha solicitado idéntica condena, y ha pedido que los posibles beneficios penitenciarios de los que pueda disfrutar el procesado estén condicionados a la realización de cursos en materia de violencia de género.