La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Jesús Alejandro Ramírez Valencia, alias Pepe, a Colombia, donde está reclamado por su presunta implicación en trece asesinatos entre 2018 y 2019 como miembro del grupo criminal Los Monacho.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal consideran, al igual que la Fiscalía, que se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega del reclamado: que esté acusado de delito común, que no se advierta motivación espuria, que no haya prescrito y que en este caso la pena mínima del delito de mayor pena, homicidio agravado, parte de 400 meses de prisión.

Jesús Alejandro R.V., de 31 años, se opuso a ser entregado a Colombia, donde está acusado de haberse integrado como mando medio en 2018 y 2019 en la citada organización, dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de asesinatos selectivos para el control de la venta de droga en la ciudad colombiana de Guadalajara de Buga Valle.

La Sala rechaza el argumento de la defensa sobre que no existen indicios de la participación del reclamado en esos hechos y recuerda que en las extradiciones no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia ni se realiza un pronunciamiento condenatorio sino que simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar al entrega.

En relación con la petición de suspender la entrega por haber solicitado el asilo, la Audiencia explica que dicha petición no tiene el efecto paralizador de la extradición que pretende, por lo que el procedimiento debe seguir su curso, suspendiéndose en su caso la ejecución de la entrega hasta que sea definitiva la decisión sobre la protección internacional instada.

De acuerdo con la documentación enviada por las autoridades colombianas, Ramírez Valencia se integró en la organización criminal La M o Los Monacho, que operaba en Guadalajara de Buga Valle, en un mando medio de las actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

En el seno de este grupo el reclamado pudo ser el determinador de trece homicidios entre los años 2018 y 2019, según indica el texto.

La mayor parte de los componentes de la organización se hallan en prisión en Colombia a la espera de juicio y cuando fueron detenidos les incautaron dos pistolas, cinco proyectiles y cartuchos.