El Consell de Govern ha aprobado hoy el decreto que regula el conocimiento de catalán para trabajar en la sanidad pública balear, que no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, pero sí será obligatorio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional.

En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). El ejecutivo autonómico ha dado hoy su visto bueno a la norma, que desarrolla la Ley de Función Pública, después de obtener el aval del 65 % de la representación de los sindicatos en la Mesa Sectorial y del Consell Consultiu, aunque tres de sus diez miembros la consideran inconstitucional. La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha destacado que este decreto es "fruto del consenso" con los sindicatos.

La norma ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos (Cs) y de entidades como "Mos Movem, En Marcha, Let's go", que hace unas semanas protagonizó en Palma una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema "Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas".

El Gobierno central, igual que el sindicato CSIF -Central Sindical Independiente de Funcionarios-, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales esta nueva normativa al entender que vulnera las normas del Sistema Nacional de Salud.

EL GOBIERNO ESTUDIA RECURRIR EL DECRETO

El Gobierno central está analizando el contenido del decreto y avanza que si está en los mismos términos anunciados inicialmente lo recurrirá, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo. La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha señalado, sobre los posibles recursos judiciales contra este decreto, que el texto ha sido aprobado con "todas las garantías" jurídicas para "desarrollar" la Ley de Función Pública y, además, ha recogido las observaciones "técnicas" del Consell Consultiu. Además, ha subrayado que no cabe la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una ley, sino un decreto con fuerza reglamentaria.

La norma ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos (Cs) y de entidades como "Mos Movem, En Marcha, Let's go", que hace unas semanas protagonizó en Palma una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema "Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas".