La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este jueves que los siete sistemas de gestión procesal autonómicos que existen en la actualidad son ya son "interoperables" con el Tribunal Supremo, lo que supone "un primer gran paso para avanzar en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los territorios".

Así lo ha avanzado la ministra este mediodía en Toledo, donde se celebra la Conferencia Sectorial de Justicia y donde ha explicado a los medios que llevaban "muchos años" trabajando para avanzar en la interoperabilidad y que "todos los juzgados hablen entre sí, que los juzgados hablen también con otras instituciones, con fiscalía y con los distintos territorios".

El objetivo de Justicia es no solo que los distintos sistemas autonómicos se comuniquen entre sí, sino que los juzgados puedan conectarse también con administraciones con las que trabajan con frecuencia, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los institutos de medicina legal o Instituciones Penitenciarias.

Llop ha destacado también la aprobación del marco en el que deberán desarrollarse la nueva Oficina Judicial y los tribunales de instancia.

En este punto ha indicado se está a la espera de la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal, así como de la ley de eficiencia digital, que "pronto" llegará al Congreso, y que sustentan, ha recalcado, "el gran proyecto modernizador, transformador de nuestra administración de justicia".

Su reto es situar el nuevo servicio público de justicia "al mismo nivel de los servicios públicos de educación y sanitario", lo que cree que se conseguirá con el despliegue de oficinas judiciales municipales.

"No hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano en cualquier lugar pueda acceder a los servicios de justicia", ha aseverado Llop, quien ha destacado la "sintonía" con todas las comunidades autónomas.

En la pasada Conferencia Sectorial es aprobó el reparto de los Fondos de Recuperación y Resiliencia y la próxima semana se hará la transferencia de los 410 millones de euros a las comunidades.

También se ha referido la ministra, al acuerdo alcanzado con Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar las medidas de refuerzo de los juzgados.

A su juicio, es evidente que los juzgados están sometidos "a una gran carga de trabajo", pero también que hay "un modelo organizativo muy ineficiente".

"El sistema de justicia es como un agujero negro que se come todos los recursos que le echemos por esa organización tan ineficaz, y de ahí que necesitemos aprobar esas leyes de eficiencia y abordar esta transformación hacia una nueva organización más ágil y eficiente con las nuevas oficinas judiciales y los tribunales de instancia", ha razonado.