Álvaro, Francisco Javier y Pablo, tres de los hermanos Ruiz Mateos juzgados por presunta estafa en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, han defendido este martes ante el tribunal la operación, que avalaron junto a su padre, con la voluntad y el convencimiento de que iban a pagarlo.

El primero de los hermanos en declarar, Álvaro, ha asegurado que la compra del hotel Eurocalas de Mallorca en julio de 2005 la negociaron entre Jose María Ruiz Mateos padre y Francisco Miralles padre, si bien los seis hermanos fueron informados porque firmaron como avalistas.

Ha recalcado que las decisiones empresariales relevantes de Nueva Rumasa las adoptaba el padre de familia: "La gestión era al cien por cien de mi padre, todo lo que saliera de la operativa diaria de un director general o de la rutina diaria, siempre tenía que ser consultado a mi padre".

Ha detallado que en el momento de avalar, los siete eran cotitulares propietarios de todas las sociedades que integraban el grupo Nueva Rumasa, "valorado en aquella época en 4.500 millones de euros", ha asegurado.

Álvaro ha admitido que si bien las empresas de los Ruiz Mateos no constituían un holding, ya que eran independientes, "siempre se entendía como grupo" y además desde 2009 funcionaba con una de las empresas, Bardajera, como "caja única que integra todas las cajas de las sociedades del grupo".

Por su parte, Francisco Javier Ruiz Mateos, ha negado que la compra fuera una estafa: "Firmé con el convencimiento de que firmaba la propiedad de todo el grupo y con el pleno y absoluto convencimiento del pago y la voluntad de pago", ha declarado.

Ha recalcado que el vendedor conocía "perfectamente" que lo que respaldaba la compra era "la titularidad de la propiedad de los derechos presentes y futuros de un grupo empresarial como era Nueva Rumasa", un aval que "tenía todo el sentido, criterio y coherencia porque estaban los 7 propietarios del cien por cien del grupo y se avalaba con todo".

Los seis hermanos respaldaron "una operación de 2005 a 2015 con una persona de 75 años". "Estábamos obligados moralmente a continuar la gestión y a finalizar con buen éxito todas las operaciones contraídas con mi padre durante esos años, si no seríamos unos imbéciles y unos irresponsables", ha afirmado.

Javier Ruiz Mateos ha defendido que el conglomerado empresarial "no era un chiringuito" sino "un grupo bastante amplio y muy serio y jurídicamente bien construido". "No me consta ninguna insolvencia del grupo", ha afirmado.

Sobre el hecho de que el acuerdo de compraventa se modificara en enero de 2011 añadiendo a Clesa, cuando tenía problemas de solvencia, Javier Ruiz Mateos ha dicho que "en marzo, una vez presentados los concursos, se sigue endosando pagarés y pagando mensualmente"

Ha negado que hubiera ánimo de estafar cuando pagaron "el 60 % de un hotel durante 49 meses de forma continuada, en una supuesta crisis". Sobre la hipoteca del establecimiento ha dicho que esas decisiones competían a su padre y su equipo ejecutivo: "No nos preguntaban si nos parecía bien hipotecar o no, o si nos gustaba el hotel Eurocalas", ha dicho.

"Actuábamos como meros trabajadores dados de alta en empresas del grupo, éramos en algunas ocasiones administrador formal, de derecho, sin ningún tipo de atribución en la gestión y administración de nada pero nada más. Ahí el único apoderado, el único director general y el único administrador real y gestor era mi padre", ha recalcado.

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El tercer hermano en declarar, Pablo Ruiz Mateos, ha insistido su "convicción" de que iban a pagar. Ha dicho que hicieron "todo lo posible hasta 2011" para pagar el hotel, informaron al anterior dueño de los problemas de liquidez y de su "intención, voluntad y deseo de cumplir en todo momento". "Estábamos preocupados porque no pagábamos y propusimos un nuevo calendario de pagos. Se pagó hasta que se pudo", ha añadido.

El juicio proseguirá este miércoles con la declaración de los tres acusados que faltan: Zoilo, Alfonso y José María Ruiz-Mateos Rivero. Sobre el presunto cómplice que no ha comparecido al juicio, Nicolás Faure, el tribunal ha ordenado su búsqueda y captura.

Los ocho acusados se enfrentan a sendas peticiones de condena de 6 años de cárcel, el pago solidario de 13,9 millones de euros y 54.000 euros de multa cada uno.