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Los presos con pulsera telemática aumentan un 122 % por la pandemia

El número de presos que cumplen condena telemática (controlados por una pulsera) ha aumentado un 122 % desde junio del 2018, en lo que ha tenido una "relevante influencia" la pandemia de la covid 19, ha señalado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.,En una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Ortiz ha apuntado que apenas se han producido incidencias en esta modalidad que fue incentivada durante la pandemia, ya que las re

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:52

El número de presos que cumplen condena telemática (controlados por una pulsera) ha aumentado un 122 % desde junio del 2018, en lo que ha tenido una "relevante influencia" la pandemia de la covid 19, ha señalado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

En una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Ortiz ha apuntado que apenas se han producido incidencias en esta modalidad que fue incentivada durante la pandemia, ya que las regresiones de grado por incumplimiento han sido testimoniales, y ha asegurado que esta forma de cumplir condena tendrá en el futuro cada vez más importancia.

El responsable de Prisiones ha informado de que se ha producido una constante disminución de las personas clasificadas en primer grado, el más restrictivo, y un progresivo aumento de la población en medio abierto.

Así, se ha pasado de un 2,1% de población penada en primer grado a un 1,3 %, es decir, casi un punto porcentual menos.

En cuanto a los presos medio abierto, es decir todos los clasificadas en tercer grado y aquellas, en torno a 600, que están en segundo grado pero con modalidad de vida de tercer grado, se ha pasado de un 17,7 % a un 20,5 %, tres puntos porcentuales más.

El reto para 2021 es conseguir la interconexión de los presos con el exterior de forma telemática, con los juzgados y el Defensor del Pueblo, entre otros, de manera segura tanto para las instituciones referidas como para la propia administración penitenciaria.

En colaboración con el Ministerio de Justicia se está desarrollando un proyecto de "Despliegue de soluciones de videoconferencia para juicios telemáticos", que supondrá la mejora de este sistema en todos los centros penitenciarios.

Ortiz ha hablado también del programa de intervención para condenados por delitos económicos, que se han incrementado en los últimos años, y ha indicado que ya se ha puesto en marcha en 11 centros ordinarios, en los que se interviene con 80 hombres y 9 mujeres.

En otros tres se está seleccionando a los participantes y se espera ampliar progresivamente el número de establecimientos.

Respecto a la llamada justicia restaurativa (encuentros entre presos y sus víctimas), el objetivo es implantar talleres en 40 centros en 2021.

Ortiz se ha referido también a los planes de formación para el empleo y la inserción laboral, que tienen como objetivo incrementar el nivel de empleabilidad de los internos, y ha dicho que se han impartido 432 cursos formativos de formación profesional, en los que han participado 6.749 personas, el 9,53 % mujeres.

Sobre esta cifra -ha precisado- debe tenerse en cuenta que el número de mujeres en prisiones en España es del 7,4 % motivo por el cual en esta materia no existe ninguna discriminación respecto de este colectivo.

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Se han pagado salarios por un total de 37,5 millones de euros durante el año 2020, ha añadido.

En relación a la proposición de ley sobre la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, presentada el 7 de julio de 2020, Ortiz ha explicado que ha sido reconducida al contexto más global de la Ley de Cuerpos que se está negociando en la actualidad con los sindicatos.

"En este momento estamos trabajando para poder concretar todos los aspectos que debe contener una ley que es fundamental", ha afirmado Ortiz, que ha trasladado su apoyo a que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad durante toda su vida profesional.

Por otro lado, el real decreto que modifica el reglamento penitenciario para la introducción de las nuevas tecnologías en las cárceles, especialmente en comunicaciones, formación y tratamiento de los internos, finalizó ayer el trámite de audiencia pública y ya se ha reanudado la tramitación del borrador.

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