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Los letrados del Congreso no vetan que el CGPJ opine de su reforma y dejan la decisión a los grupos parlamentarios

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 18:41

El PSOE y Podemos harán valer su mayoría para acelerar la tramitación de su proposición de ley

Los letrados del Congreso no cierran la puerta a que la Cámara pida un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma planteada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado. Eso sí, los servicios jurídicos creen que la decisión de recabar o no informes sobre la iniciativa no corresponde a la Mesa que preside Meritxell Batet, sino a la Comisión de Justicia y a los grupos parlamentarios.

La Mesa del Congreso estudiará este miércoles el requerimiento que le hizo el pasado 17 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces para poder opinar sobre esa proposición de ley, así como un escrito que, en el mismo sentido, registró el PP.

Si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de estado y también al propio CGPJ, un trámite que legalmente no es necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.

En su acuerdo, aprobado por 16 de los 21 miembros del CGPJ, este órgano reconoce que la petición de un informe de este tipo es "potestativa" en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque se trata de una modificación que afecta "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".

INFORMES Y COMPARECENCIAS

A su juicio, con independencia de su origen, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse "dando audiencia a todos los sectores implicados".

Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.

Y tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa asegurando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es "manifiestamente inconstitucional". A su juicio, la "maniobra" de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, aunque es "legítima", "evidencia claramente que de lo que se trata es de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas".

En su informe, recogido por Europa Press, los servicios jurídicos de la Cámara no entran en el contenido de la proposición de ley y no ponen trabas a que se pida la opinión del CGPJ, pero sí precisan que la decisión sobre pedir documentación o comparecencias sobre una iniciativa legislativa no es de la Mesa, sino de la Comisión de Justicia que preside la socialista Isaura Leal.

POR LA VÍA DE URGENCIA

En su reunión de este miércoles, la Mesa del congreso marcará también el ritmo de tramitación de la reforma, ya que el PSOE y Unidas Podemos solicitaron antes de las Navidades que su ley vaya por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. A priori, la decisión parece factible ya que los dos grupos tienen mayoría en el órgano de gobierno de la cámara.

El PSOE y Podemos ya recabaron el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta que necesitaban para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.

Una vez apruebe la tramitación por la vía de urgencia, a la que se oponen PP, Vox y Ciudadanos, la Mesa de la Cámara podría fijar ya un primer plazo para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, que fue tomada en consideración por el Pleno el pasado 15 de diciembre.

Los grupos que se oponen a la misma tendrán una segunda oportunidad para intentar frenarla o al menos dilatar su tramitación. Eso sí, para hacerlo deberán presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero, antes de poder enviar el texto a la Comisión de Justicia.

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