Los letrados de la administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, están llamados a secundar mañana 26 de enero una huelga para reclamar al Ministerio de Justicia una subida salarial que compense el incremento de sus funciones y una negociación colectiva propia.

Según apunta los convocantes, la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Ministerio de Justicia no les ha trasladado "ninguna propuesta" sobre sus reivindicaciones, por lo que mantiene su protesta con el objetivo de demostrar que son una pieza clave y que sin ellos "la justicia se para".

Fuentes de la negociación han avanzado que el Consejo de Ministros del próximo 1 de febrero aprobará un complemento retributivo de 195 euros al mes. Supone una subida de 2.430 euros al año, el 5,26 % de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2 % de incremento salarial a todo el sector público.

Tras esa medida, retroactiva desde el 1 de enero de 2021, los ingresos medios de un letrado será de 46.855,99 euros al año, el doble del salario medio de España, destacan las fuentes.

Para la UPSJ, el objetivo de estas informaciones es deslegitimar la huelga.

Según apunta, llevan doce años esperando la adecuación salarial, desde que, con una reforma legal, se incrementaron sus funciones y competencias y asumieron responsabilidades que hasta entonces llevaban los jueces.

Aseguran que sus funciones han aumentado en un 30 %, por lo que consideran que una subida salarial del 5,26 % "está muy lejos del objetivo de restablecer el equilibrio entre las obligaciones y los derechos de todo empleado".

Su segunda reivindicación es que se inicien las reformas legislativas necesarias para reconocer su derecho a una negociación propia, pero las fuentes de la negociación consultadas no ven posible cumplir esa petición.

"El ámbito de la negociación colectiva de los cuerpos funcionariales es el propio de todo el sector público. No existe ningún cuerpo de la Administración General del Estado que tenga reconocida una negociación propia", destacan.

Los jueces, que tienen prohibido afiliarse a partidos políticos y sindicatos, sí tienen una ley de retribuciones propia, que cubre también a los fiscales "en atención a la relevancia de sus funciones y de la institución a la que sirven", según se establece en la propia ley, pero para el resto de los funcionarios la interlocución del Ministerio de Justicia es con los sindicatos. EFE

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