La Unión Progresista de Fiscales se ha mostrado preocupada por el auge de los extremismos intolerantes que pone en peligro la convivencia y el respeto a la diversidad en nuestra sociedad.

Así lo recoge en las conclusiones de su XXV Congreso que han clausurado este sábado en Córdoba y en las que "exige la adopción de medidas que permitan su real y efectiva protección frente a todas las formas de discriminación".

Ello a pesar de reconocer "los indudables avances" producidos en los últimos años en el desarrollo legislativo de la igualdad como valor superior del ordenamiento, aunque, al mismo tiempo, reclaman la urgente aprobación de una ley estatal de igualdad de trato y no discriminación.

En esta nueva regulación, los fiscales progresistas piden que se introduzca la figura de "una autoridad independiente" para perseguir a nivel administrativo los comportamientos discriminatorios no delictivos e impulsar las necesarias medidas de educación, concienciación y sensibilización sociales.

Otras de las medidas que demandan es que se castigue penalmente el rechazo a la pobreza, o aporofobía, mediante su inclusión en el artículo 510 del Código Penal, que persigue a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia por la pertenencia a un grupo o por una serie de motivos discriminatorios.

Consideran también "indispensable blindar" legalmente, mediante la correspondiente reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la existencia de los servicios especializados en delitos de odio y discriminación para avanzar en la persecución de este tipo de delitos y mejorar la atención a sus víctimas.

El XXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales ha ratificado asimismo "todas y cada una" de las reivindicaciones que dieron lugar a las huelgas de 2018 y 2019, después de que la pandemia haya "parado" toda negociación de las asociaciones fiscales y judiciales con el Ministerio de Justicia.

Igualmente, han pedido el cambio del sistema de retribución variable porque, "lejos de gratificar el trabajo realmente realizado, prima de manera absolutamente injusta, la antigüedad y la retribución de los fiscales en su puesto de trabajo.