Los ocho "indignados" a los que el Supremo condenó a penas de tres años de cárcel por la protesta que cercó el Parlament en 2011 siguen a la espera de indulto desde hace seis años, sin haber entrado en prisión y con sus últimas esperanzas puestas en la justicia europea.

Diez años después de la protesta del 15M contra los recortes presupuestarios que obligó al entonces presidente de la Generalitat Artur Mas a entrar en helicóptero en el Parlament, el Tribunal Constitucional está a punto de avalar las condenas que impuso el Supremo a los "indignados", que previamente habían sido absueltos por la Audiencia Nacional.

Convocados bajo el lema "Aturem el Parlament" (Paremos el Parlament), el movimiento de "indignados", nacido al abrigo de la crisis de 2008, reunió el 15 de junio de 2011 a un millar de personas en los accesos del parque de la Ciutadella de Barcelona para manifestarse contra un pleno que iba a dar luz verde a los recortes, una protesta que derivó en insultos y empujones a diputados que entraban a pie en el recinto.

La Audiencia Nacional entendió que los "indignados" estaban ejerciendo el derecho fundamental de manifestación, sin excederse, y en una sentencia de julio de 2014 absolvió a 19 de los acusados, mientras condenaba únicamente por una falta de daños al vigésimo de ellos por pintar una cruz con espray en la americana de la ex diputada del PSC Montserrat Tura.

La Fiscalía les pedía cinco años y medio de cárcel, por un delito contra las instituciones del Estado en concurso con atentado a la autoridad -la misma pena que planteaba el sindicato ultraderechista Manos Limpias- y las acusaciones ejercidas por el Parlament y la Generalitat solicitaban tres.

Un año después, el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos presentados por las acusaciones e impuso penas de tres años de cárcel a ocho de los "indignados" por un delito contra las instituciones del Estado, sin alterar el relato de hechos de la sentencia dictada en primera instancia.

Las defensas solicitaron entonces su indulto al Ministerio de Justicia y pidieron a la Audiencia Nacional que les suspendiera el ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno decidiera si les otorgaba la medida de gracia, a lo que el tribunal accedió, por lo que no han llegado a entrar en la cárcel.

Seis años después de la petición de indulto, que se formalizó en mayo de 2015, el Gobierno sigue sin resolver si otorga esa medida de gracia, a la que el Supremo se opuso aduciendo que la conducta de los condenados implicó "un ataque a un pilar de la estructura democrática" y vulneró "valores esenciales" del ordenamiento jurídico constitucional.

El propio Parlament no se opuso a la concesión de la medida de gracia, mientras el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción para exigir al Gobierno que indultara a los "indignados" en enero de 2016, cuando Ada Colau accedió por primera vez a la alcaldía a lomos de Barcelona en Comú, formación heredera del movimiento del 15M.

En paralelo, las defensas libraron batalla en el Tribunal Constitucional, que en noviembre de 2015 rechazó ya los tres primeros recursos de los "indignados", con lo que les abrió la puerta para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sin embargo, la justicia europea acordó no admitir la demanda, en una sentencia que no entraba en el fondo del asunto, sino que concluía que la defensa no había justificado ante el Constitucional la trascendencia de su recurso de amparo, es decir que trató de saltarse esta instancia con el fin de acudir a Estrasburgo lo antes posible.

Otros cinco condenados aguardan sentencia del Tribunal Constitucional sobre su caso, aunque la mayoría conservadora del pleno ha impuesto su criterio favorable a confirmar las condenas.

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A principios de este mes, el pleno rechazó, por siete votos en contra y cuatro a favor, la ponencia del magistrado Cándido Conde-Pumpido que se inclinaba por estimar el recurso de amparo de una de las condenadas y se la encargó a otro miembro del Tribunal para que recoja en sentencia la opinión mayoritaria de la sala.