El pleno del Parlamento asturiano ha tomado hoy en consideración una proposición de ley defendida por el PP para pedir la gratuidad de los libros de texto, exactamente la misma que aprobó la Asamblea de Madrid a propuesta de Ciudadanos, según ha afirmado el portavoz de la formación naranja Nicanor García.

García ha asegurado que la iniciativa de los populares asturianos no sólo contaba con los mismos artículos, capítulos y contenidos que la madrileña, sino que incluso se habían olvidado cambiar alguna referencia a los colegios de la Comunidad de Madrid.

En concreto, al PP asturiano se le escapó un gazapo que, según García, dejaba claro el "corta y pega", ya que en el artículo 3 apartado 5 de su propuesta habla de "centros docentes madrileños, en vez de asturianos".

Como mínimo "hay que mencionarlo en la exposición", ha afirmado el diputado de Ciudadanos, antes de señalar que su grupo no podía votar en contra de una iniciativa suya, aunque fuese presentada por los populares.

"Vamos a copiar todo lo que venga bien a Asturias, sin ningún problema", ha asegurado la presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, al término del debate de la iniciativa que ella misma había defendido, ante las críticas que el plagio había suscitado entre otros grupos parlamentarios.

Foro Asturias señaló que al margen de polémicas de plagio, si las iniciativas son buenas, pueden ser aprovechadas por cualquier otro, aunque pidió a los populares que al menos la adapten a la realidad asturiana.

"El plagio y la falsificación está llegando también a esta comunidad autónoma, pero no nos sorprende porque IU también ha sido objeto de alguno", ha señalado la diputada de IU Concha Masa, mientras que la socialista Verónica Vior ha pedido a los populares que fuesen "más rigurosos y trabajen más" a la hora de adaptar las normas de otros parlamentos regionales a la realidad de Asturias.

La gratuidad de los libros de texto para los más de 107.000 alumnos de todas las etapas educativas de Asturias que plantea esta iniciativa tendría un coste de entre 15 y 20 millones de euros el primer año, según los cálculos del Principado.