El Gobierno afrontará la próxima semana en el Congreso las críticas de la derecha a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con la resaca de las últimas movilizaciones en la calle, mientras que la educación en castellano en Cataluña también centrará las críticas de los independentistas catalanes.

El debate sobre la reforma de la denominada ley mordaza se trasladará esta semana de la calle al Parlamento y será clave en buena parte de la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, a la que no asistirá el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por estar de viaje oficial a Egipto.

Con la resaca de las últimas manifestaciones convocadas por los sindicatos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que han sido apoyadas por PP, Vox y Ciudadanos, la derecha arremeterá el próximo miércoles contra la propuesta de reforma del Gobierno de la "ley mordaza".

El PP y Vox volverán a pedir la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la diputada popular Ana Belén Vázquez le preguntará si piensa rectificar tras las masivas protestas vividas el sábado.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro también le interrogará para saber "por qué va a desproteger a los miembros y fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones policiales" además de que recordará la proposición no de ley de su formación que pide la dimisión de Marlaska ante "su negligente gestión al frente de las Instituciones Penitenciarias".

En este mismo sentido, el PP también llevará el martes al Pleno una moción consecuencia de interpelación urgente para que el ministro del Interior informe sobre la política penitenciaria y para pedir el incremento salarial de estos empleados públicos.

Marlaska además se verá interpelado por EH Bildu con una pregunta en la que le pide conocer las medidas que va a adoptar el ministerio "para evitar las muertes de migrantes en la zona del Bidasoa tras el cierre de pasos fronterizos y la instalación de controles policiales permanentes por Francia".

Un debate que sin duda también se recrudecerá con la última sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano en Cataluña y que desde los partidos independentistas ven como un ataque.

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, instará a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a explicar cómo aplicará el Ejecutivo esta sentencia "que contradice la ley Celaá en materia linguística", mientras que PP y Ciudadanos dirigirán sus preguntas a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

"Qué piensa hacer el Gobierno para que cumpla con la ley la Generalitat de Cataluña", interrogará el diputado del PP Óscar Calvell.

La dirigente de Cs, Inés Arrimadas, también irá en el mismo sentido al preguntar a Alegría "qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar los derechos de las familias catalanas a que sus hijos reciban una educación también en castellano tras constatar la negativa de la Generalitat de Cataluña a cumplir con las sentencias judiciales".

Vox por su parte ha registrado una interpelación para que el Gobierno explique cómo va a garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional.

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Y aunque la sesión plenaria del Congreso que comienza el martes también debatirá otros temas como la proposición de ley de Ciudadanos sobre Memoria, Dignidad y Recuperación de todas las Víctimas del Terrorismo, la reciente aprobación de los presupuestos de 2022 también coleará.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, preguntará a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, "por qué el Gobierno ha dejado a España en el vagón de cola de la recuperación después de haber sido el país europeo que más se hundió en 2020" y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, querrá saber "cómo valora el incremento de la protesta social contra su política económica".

Los nacionalistas del BNG también recodarán algunas de sus enmiendas pendientes que han quedado fuera del dictamen del Congreso como la implementación del servicio de cercanías ferroviarias en Galicia.

Todo esto sin olvidar la proximidad de una sexta ola de COVID-19 que llevará al PP a preguntar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si tiene previsto "hacer algo útil para dar respuesta homogénea y uniforme en todo el territorio español".

El PNV le instará a que acelere el reconocimiento de la especialidad médica de enfermedades infecciosas.