El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha recordado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que la libertad de expresión en su cargo tiene unos límites y que los principios de ética judicial aconsejan "prudencia y mesura" en las declaraciones.

Según han informado a Efe fuentes del CGPJ, Lesmes llamó ayer por teléfono al magistrado José Luis Concepción, después de que éste señalara en una entrevista que "la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor (en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias), forma parte del Gobierno".

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que ha informado de esa llamada a la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, recordó al magistrado que la libertad de expresión de los jueces está sometida a ciertos límites en atención a su función jurisdiccional y, en su caso, también por el cargo gubernativo que ocupa, ya que es el máximo representante del poder judicial en Castilla y León.

Y le ha vuelto a remitir a los principios de ética judicial, como hizo en mayo pasado después de que Concepción señalara en otra entrevista que en el estado de alarma los españoles tienen "suspendidos algunos derechos fundamentales".

Según esos principios, los jueces, como ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, "que ejercerán con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales".

Lesmes ha trasladado al promotor de la acción disciplinaria los escritos registrados ayer por la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU, y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas, en los que pedían censurar las palabras del magistrado.

La vocal recordó que no era la primera vez que Concepción se "extralimita" en sus funciones con opiniones "que rebasan, con mucho, sus competencias orgánicas y representativas". Para la plataforma de abogados, sus declaraciones deberían conllevar una "responsabilidad disciplinaria" por atentar "reiteradamente contra los valores constitucionales" y contra principios como el de imparcialidad o sometimiento a la ley. EFE