El magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, ofrecía a la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, la posibilidad de que declarase de forma voluntaria este viernes, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuando ésta estaba al frente de la misma.

Según la providencia dictada por el instructor, se citaba ese día a la diputada "a fin de ser oída en declaración" como investigada por estos hechos y de forma "voluntaria". No obstante, Borràs ha terminado descartando esta posibilidad, por lo que el magistrado podría proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para obtener permiso para interrogarla.

El juez instructor ha tomado esta decisión una vez ha estudiado la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a investigar estos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En la diligencia con fecha del pasado 31 de enero, el juez De Porres además insta a la diputada catalana a que designe procurador y abogado para personarse en la causa abierta contra ella y poner en su conocimiento "la existencia de unas diligencias". Fuentes de JxCat han apuntado que Borràs ha sido citada para que le sean leídos sus derechos y poder cumplimentar este trámite.

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS Y FALSIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS

El magistrado está al frente de este caso desde el pasado mes de diciembre cuando el Supremo acordó abrir causa a Borràs y le designó instructor del mismo. La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la Fiscalía, destacan que la diputada de JxCat actuó "de común acuerdo" con Isaías Herrero --también investigado hasta ahora por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona-- "para defraudar" a la ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de los contratos.

Para ello, se llevó a cabo la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público".

Desde ahora, Herrero queda personado en la causa del Supremo debido a que el magistrado ha aceptado su presencia en la misma, tal y como solicitó su defensa e indica la providencia de citación.

Según la Fiscalía y el Juzgado de Barcelona que comenzó a investigar y que remitió la causa por el aforamiento de Borràs, hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, la portavoz parlamentaria de JxCat "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".

Según la instrucción realizada hasta el momento, existen indicios de la intención de dotar una "falsa apariencia de transparencia" al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa".

Esta persona cercana a Borràs aportaba al procedimiento tres presupuestos "de los cuales dos, como mínimo, eran falsos o simulados". Además, los importes señalados en las facturas giradas posteriormente no obedecían "al pago real y efectivo de los trabajos o servicios" prestados por Herrero.

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LOS "TRAPIS" ENTRE BORRÀS Y HERRERO

La exposición razonada remitida al Supremo incluye además una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos es el de 28 de febrero de 2013 en el que la dirigente de JxCat le pidió al informático que le pasara los presupuestos del 'Portal de las Letras Catalanas' para mirarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios".

También reproduce los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero preguntó si ocurre algo con las facturas y Borràs contestó que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto".

En otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017 Herrero explicó que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que el "el del portal" lo ha elaborado "contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros".

En este momento, Borràs indicó que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoció a su socio, en noviembre de 2017, que "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", en alusión al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifestó que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha ofrecido a la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, la posibilidad de que declare de forma voluntaria este viernes, a las 11.00 horas, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuando ésta estaba al frente de la misma.

Según la providencia dictada por el instructor, se cita ese día a la diputada "a fin de ser oída en declaración" como investigada por estos hechos y de forma "voluntaria". No obstante, si Borràs descarta esta posibilidad, marcada por ley y que es habitual que se ofrezca a todos los aforados, el magistrado podría proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para obtener permiso para interrogarla.

El juez instructor ha tomado esta decisión una vez ha estudiado la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a investigar estos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En la diligencia con fecha del pasado 31 de enero, el juez De Porres además insta a la diputada catalana a que designe procurador y abogado para personarse en la causa abierta contra ella y poner en su conocimiento "la existencia de unas diligencias". Fuentes de JxCat han apuntado que Borràs ha sido citada para que le sean leídos sus derechos y poder cumplimentar este trámite.