Las implicaciones políticas derivadas de la operación "Enredadera" se están multiplicando en las últimas horas tras hacerse públicas las conversaciones grabadas por la UDEF de numerosos políticos leoneses con el empresario José Luis Ulibarri, en prisión preventiva por este caso, y a las que ha tenido acceso la Agencia Efe.

Durante los primeros días de julio se desataba en varios ayuntamientos de toda España esta operación contra la corrupción política en la concesión de contratos y servicios públicos.

Una operación que tuvo una especial incidencia en la provincia leonesa que provocó que se separara una pieza judicial de la principal que mantenía abierta un juzgado de Badalona (Barcelona).

Registros en los ayuntamientos leoneses de León, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villarejo de Órbigo y Villaquilambre dejaron los primeros detenidos con cargos e investigados.

Este fue el caso del alcalde de Astorga, Arsenio García Fuertes (PP), investigado en la trama junto con los concejales Manuel Ortiz y Javier Guzmán, todos ellos detenidos y puestos en libertad con cargos al que se sumó el concejal Pablo Peyuca, perteneciente a una formación leonesista.

Inmediatamente el Partido Popular de León aceptó la solicitud de baja de militancia presentada por García, y sus concejales Manuel Ortíz y Javier Guzmán, a pesar de lo cual no entregaron su acta de concejal y se mantuvieron en el cargo.

Arsenio García también puso su cargo de presidente de la Junta Local de Astorga a disposición del presidente provincial del PP, Juan Martínez Majo.

También fue detenido y puesto en libertad con cargos el alcalde de la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo, el socialista Joaquín Llamas, que a pesar de ser suspendido de militancia por el PSOE y pedir que entregará su acta de concejal, desobedeció a su formación y sigue como regidor.

Una situación a la que se sumó el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León, José María López Benito (PP), cuyo despacho fue precintado durante el transcurso de la operación "Enredadera" y que finalmente fue imputado y citado a declarar ante el Juzgado el próximo mes de septiembre.

La tardanza del alcalde de León, Antonio Silván, para tomar medidas sobre el concejal propició que Ciudadanos escenificará la ruptura del pacto de legislatura que mantenía el gobierno popular en el Ayuntamiento de León.

La presión por este hecho provocó que López Benito renunciara a finales de julio a sus funciones como concejal del equipo de Gobierno pero, como en los anteriores casos, no a su acta de concejal.

Tras abrirse el secreto del sumario, el goteo sobre las responsabilidades políticas y éticas del caso se han multiplicado al hacerse públicas numerosas de las conversaciones telefónicas grabadas por los miembros de la UDEF de políticos leoneses con el empresario José Luis Ulibarri, ahora detenido.

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Unas conversaciones en las que destaca el trato de favor y de información privilegiada que políticos como el alcalde de León, Antonio Silván, brindaban al empresario respecto a informaciones de concursos públicos.

Este hecho ha puesto en una difícil política a Silván que se ha visto obligado a convocar un Pleno extraordinario el próximo día 7 de agosto para dar explicaciones, así como a una moción de censura tras el Pleno ya anunciada por el PSOE.

Por otra parte, las grabaciones de la trama Enredadera también han afectado esta semana al alcalde socialista de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, quien anunciaba hoy mismo su baja como militante del PSOE "hasta el momento en que finalice el proceso judicial".

Busto ha asegurado haber tomado esta decisión al reconocer que se equivocó y que éticamente es insostenible para un político conductas de esta naturaleza en un contexto como el actual, "en el que la sociedad está exigiendo integridad a quienes gobiernan las instituciones".

Las conversaciones con Ulibarri también han salpicado al presidente del PP del Bierzo, alcalde de Carracedelo y diputado provincial, Raúl Valcarce, quien en otra conversación con Ulibarri hablaban de transferir dinero entre empresas.

Valcarce ha justificado esta conversación en los negocios en común que mantiene con Ulibarri, a través de la Bodega el Abad, y ha recalcado que su relación con el empresario es "mercantil y legal".

El consejero de Fomento de la Junta, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones también tendrá que dar explicaciones en las Cortes sobre su relación con Ulibarri tras hacerse pública una conversación en la que ofrecía al empresario las obras de una carretera paralizadas por la quiebra de la empresa adjudicataria.

Por último el caso también ha afectado al concejal de Ciudadanos y diputado provincial, Juan Carlos Fernández, así como a su cargo de confianza en la Diputación, Sadat Maraña, ambos también suspendidos de militancia por Ciudadanos tras quedar en libertad con cargos en esta trama corrupta.