Las cárceles catalanas de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses han vuelto a proponer el tercer grado para los nueve líderes independentistas presos, lo que les permitiría salir a diario y regresar al centro penitenciario solo a dormir, apenas un mes después de que el Tribunal Supremo se lo revocara.

En rueda de prensa, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, ha informado de la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles, que en esta ocasión no ha sido unánime, a diferencia del pasado mes de julio, cuando por primera vez propusieron el tercer grado para los presos del procés que el Supremo después tumbó.

En Lledoners, los técnicos de las juntas han aprobado por unanimidad conceder el tercer grado a los Jordis, quienes cumplieron hace ya un año una cuarta parte de su condena, y por mayoría en el caso de los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull.

También por mayoría, la junta de Wad Ras ha propuesto el tercer grado para la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, mientras que en la cárcel de Puig de les Basses la decisión de conceder el régimen abierto a la exconsellera Dolors Bassa ha sido apoyada por todos los miembros del equipo técnico.

El tercer grado propuesto por las juntas, que obliga solo a acudir a la prisión a dormir de lunes a jueves, no será efectivo hasta que lo ratifique el Departamento de Justicia, que dispone de un plazo máximo de dos meses para hacerlo, un calendario que Calderó ha insistido en desvincular de la agenda electoral.

Una vez entre en vigor, la Fiscalía tendrá oportunidad de recurrir la clasificación penitenciaria de los presos del procés, primero ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo, así como pedir su suspensión mientras no haya una decisión judicial firme.

Ya lo hizo con el tercer grado que el pasado mes de julio las cárceles propusieron por unanimidad para los nueve presos, una decisión que fue avalada por los juzgados de vigilancia, pero que el pasado mes de diciembre tumbó el Tribunal Supremo, en un auto que también acordaba revocar la flexibilización penitenciaria mediante el artículo 100.2 que se concedió a los líderes independentistas al poco de empezar a cumplir condena.

En ese sentido, Calderó ha destacado que en sus reuniones de hoy -día en que se agotaba el plazo máximo de seis meses para revisar la clasificación-, las juntas han puesto la resolución del Supremo "en un plato de la balanza" y, en el otro, las "nuevas circunstancias": que los presos han cumplido medio año más de pena y han tenido más tiempo para observar la "conveniencia" del tercer grado.

Además, ha subrayado el secretario de Medidas Penales, las juntas han vuelto a apostar por el régimen abierto que hace seis meses concedieron a los presos del procés, cuando la mayoría de ellos tienen cumplida una cuarta parte de la condena -los Jordis, Forn y Rull-, y a mediados del próximo mes de febrero lo habrán hecho todos.

"En seis meses han podido pasar muchas cosas", ha añadido Calderó, que ha defendido que las juntas de tratamiento "hacen su trabajo y lo hacen en base a propuestas técnicas", de forma "absolutamente independiente y rigurosa".

En ese sentido, ha recordado que las decisiones sobre clasificación "pasan por las manos de treinta profesionales diferentes", que valoran la conducta de los reclusos, su adaptación al centro, las condiciones del entorno, la ausencia de antecedentes, la parte de condena cumplida, el riesgo de reincidencia y el alcance de los objetivos marcados en la primera clasificación.

Calderó ha insistido además en que "nadie tiene dudas razonables" de que, si dependiera del Govern, ninguno de los políticos presos habría entrado en prisión, por lo que sería "injusto y malintencionado" cargar contra los profesionales penitenciarios.

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El Supremo revocó el pasado 4 de diciembre el tercer grado que la Generalitat había concedido en julio a los presos del procés, un régimen del que ya solo gozaban Forcadell y Bassa, puesto que los jueces de vigilancia de quienes dependen su prisiones descartaron suspenderlo hasta que la decisión no fuera firme.

Por el contrario, el juzgado de vigilancia que tiene encomendado el control de la cárcel de Lledoners sí estimó la petición de la Fiscalía y accedió a suspender a finales de julio el tercer grado de Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn y los Jordis, a la espera de que el Supremo se pronunciara.

De esa forma, desde diciembre pasado -y desde el pasado mes de julio en el caso de los internos en Lledoners-, los líderes independentistas presos tienen limitadas sus salidas de prisión, sin poder disfrutar tampoco del régimen flexible del artículo 100.2 que se les concedió al inicio de la condena para salir a trabajar o hacer voluntariado. EFE

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