Las cárceles donde cumplen condena los nueve líderes independentistas revisarán mañana jueves su clasificación penitenciaria, después de que el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo revocara el tercer grado que el Departamento de Justicia les había concedido en julio.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, anunciará mañana en rueda de prensa la nueva clasificación penitenciaria que las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras proponen para los nueve políticos condenados por el Supremo por sedición.

Después de que el Supremo tumbara el tercer grado, las juntas de tratamiento, integradas por técnicos de distintos ámbitos y por el director de la prisión, han agotado el plazo máximo de seis meses que establece la ley, que expira mañana, para plantear su nueva propuesta.

La nueva clasificación de los presos -ahora en segundo grado y sin las medidas de flexibilización de que habían disfrutado en aplicación del artículo 100.2- no se hará efectiva hasta que la ratifique la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia, para lo que dispone de dos meses como máximo.

En el caso de que se vuelva a aprobar el tercer grado, lo que no es descartable, puesto que la consellería siempre ha defendido que el régimen abierto se otorgó en base a criterios estrictamente técnicos, la Fiscalía tendría otra vez la oportunidad de recurrirla ante la justicia, trámite en el que el Supremo tiene la última palabra.

Un debate que, junto a la tramitación de los expedientes de indulto a los políticos presos que el Gobierno tiene sobre la mesa, amenaza con marcar el clima preelectoral en Cataluña.

En esta ocasión, los políticos presos accederían al régimen abierto, que obliga a acudir a prisión solo a dormir entre semana, con una cuarta parte de la condena cumplida o a punto de hacerlo -los exconsellers Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull serían los últimos, el 16 de febrero próximo-, lo que les permitirá disfrutar de permisos ordinarios.

El pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo estimó los recursos de la Fiscalía y decidió revocar el tercer grado que la Generalitat había concedido en julio a los presos del procés, un régimen del que ya solo gozaban la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, puesto que los jueces de vigilancia de quienes dependen su prisiones descartaron suspenderlo hasta que la decisión no fuera firme.

Por el contrario, el juzgado de vigilancia que tiene encomendado el control de la cárcel de Lledoners sí accedió a suspender a finales de julio el tercer grado de los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y los Jordis, a la espera de que el Supremo se pronunciara, aunque avaló su clasificación el régimen abierto.

De esa forma, desde diciembre pasado -y desde el pasado mes de julio en el caso de los internos en Lledoners-, los líderes independentistas presos tienen limitadas sus salidas de prisión, sin poder disfrutar tampoco del régimen flexible del artículo 100.2 que se les concedió al poco de empezar a cumplir su condena.

De hecho, el Supremo también revocó el pasado mes de diciembre la flexibilización penitenciaria que se les había concedido, para trabajar y hacer tareas de voluntariado varios días a la semana, por considerar que no estaba vinculada a un programa de tratamiento encaminado a lograr su reinserción.