Las tres formaciones independentistas -JxCat, ERC y CUP- han denunciado este martes "la indefensión" que creen que sufren los siete miembros de los CDR detenidos el 23 de septiembre, tras permanecer incomunicados durante casi un mes, y dicen que son "presos políticos acusados injustamente de terrorismo".

En una rueda de prensa conjunta de las tres formaciones independentistas y del Grupo de Apoyo a los Detenidos del 23 de Septiembre realizada en el Parlament, han denunciado que los activistas de los CDR encarcelados sufren "una grave vulneración de derechos fundamentales" desde el mismo momento en que fueron detenidos.

Los familiares de los presos han ido más lejos en su denuncia y, tras afirmar que algunos de ellos estuvieron incomunicados en régimen de aislamiento durante un mes en la prisión donde permanecen ingresados, han acusado a los "aparatos represivos" del Estado de emplear "métodos psicológicos de tortura".

JxCat, ERC y la CUP coinciden en considerar a los activistas de los CDR encarcelados como "presos políticos" y rechazan la acusación de "terrorismo" que pesa sobre ellos, y así lo hacen constar en una propuesta de resolución que esta mañana ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament y que será votada en el pleno de la semana próxima.

"Son presos y represaliados políticos", ha asegurado el diputado del grupo parlamentario de ERC Antoni Castellà, que ha destacado que forman parte "de la causa general contra el independentismo" y que sufren "una grave conculcación de derechos humanos y la persecución por sus ideas políticas".

También desde ERC, el diputado José Rodríguez ha criticado "la banalización y el abuso del delito de terrorismo" en un intento de "criminalizar a los movimientos disidentes", y ha exigido la puesta en libertad de los activistas y que se investigue si han sufrido "vejaciones".

La diputada de JxCat Aurora Madaula se ha mostrado convencida de que la propuesta de resolución contará con un amplio apoyo en la cámara legislativa catalana, y ha arremetido contra lo que considera "politización de la justicia española por parte de un Estado que se considera democrático pero que cada día vemos que no lo es".

Desde la CUP, la diputada Maria Sirvent ha lamentado lo que entiende como una "vulneración del derecho de defensa" de los activistas de los CDR, y ha considerado que "nos encontramos ante un caso muy evidente de instrumentalización política del delito de terrorismo por parte de los aparatos del Estado".