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TRIBUNALES BLANQUEO

Juzgan a una red de 30 personas por defraudar impuestos con calzado chino

La Audiencia Provincial de Alicante juzgará a partir del lunes a una red formada por 30 personas, 25 de ellas de nacionalidad china, acusadas de tres delitos de blanqueo de capitales y hasta 28 delitos diferentes contra la Hacienda pública.,Dicha red operaba desde el municipio alicantino de Elche a partir de la actividad generada en distintas empresas dedicadas fundamentalmente a la venta de calzado procedente de China, que se encontraban situadas en el polígono industri

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:37

La Audiencia Provincial de Alicante juzgará a partir del lunes a una red formada por 30 personas, 25 de ellas de nacionalidad china, acusadas de tres delitos de blanqueo de capitales y hasta 28 delitos diferentes contra la Hacienda pública.

Dicha red operaba desde el municipio alicantino de Elche a partir de la actividad generada en distintas empresas dedicadas fundamentalmente a la venta de calzado procedente de China, que se encontraban situadas en el polígono industrial de El Carrús.

Según el relato de la Fiscalía, la banda realizó ventas por valor de más de 168 millones de euros entre 2005 y 2009 sin liquidar los correspondientes tributos y todos formaban parte de una organización dedicada a dar salida a dinero generado en los comercios, tiendas de calzado y negocios chinos a través de transferencias bancarias que enviaban a su país sin declararlo a Hacienda.

Su 'modus operandi', según la acusación pública, era el de importar calzado de China, por el que declaraban un valor en aduanas muy inferior al real, para venderlo después en territorio nacional.

Para ocultar la identidad de los sujetos fiscales que debían declarar impuestos en España, utilizaban a una red organizada de personas y entidades que se dedicaban a realizar transferencias de pago a China.

Esos intermediarios, a su vez, obtenían a cambio una comisión que oscilaba entre el 0,8 y el 1 por ciento.

La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 3 y los 6 años de prisión, en función de la participación de cada uno de ellos en los delitos juzgados, y multas que alcanzarían en algunos casos hasta los 150 millones.

Del mismo modo, se les expone al pago de una indemnización conjunta de más de 16 millones a la Hacienda Pública.

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