Una mujer con tres hijos menores a su cargo y su madre serán juzgadas mañana en Sevilla por un delito leve de usurpación de una vivienda, tras ser denunciada por la congregación religiosa Asociación Familia Vicenciana, arrendataria del piso para acoger a víctimas de trata.

El juicio está señalado para mañana en el Juzgado de Instrucción 18, al ser un juicio rápido por delito leve, si bien las defensas de las acusadas están tratando de llegar a un acuerdo con la asociación denunciante para que no sean desalojadas del piso "habida cuenta de las circunstancias personales", con tres hijos de 6 años, año y medio y cinco meses, según ha dicho el abogado David Parejo, que representa a la madre de los pequeños.

Una patrulla de la Policía vio a las acusadas entrar en la vivienda, del barrio sevillano de Pino Montano, sobre las cuatro de la tarde del pasado 19 de septiembre y, al llamarles la atención, alegaron que la madre de los tres niños había trabajado para la propietaria del piso y esta se lo dejó para su uso y disfrute cuando falleciera, si bien "no llegó a ratificarlo por escrito", según consta en el atestado policial, al que ha tenido acceso Efe.

La congregación religiosa Asociación Familia Vicenciana presentó una denuncia cuando el 21 de septiembre acudió a la vivienda, que tiene arrendada a la agencia pública AVRA por contrato de diciembre del 2016 para su Proyecto Miguel de Mañara, y la encontró ocupada por la familia.

En la denuncia solicitaba la adopción de la medida cautelar de desalojo por el perjuicio a los usuarios de este proyecto, destinado a acoger a mujeres víctimas de trata de seres humanos, y la Fiscalía informó favorablemente, pero la jueza dictó un auto el 30 de octubre en el que rechazó el desalojo cautelar de la familia hasta la celebración del juicio, señalado para mañana a las 11.30 horas.

En el auto en el que desestima el desalojo inmediato, la jueza argumenta que la denunciada esgrime un "título no escrito, como es el legado de la vivienda, que en principio debe ser adecuadamente valorado en el juicio", mientras que "no consta la oposición" de la propietaria del piso, la agencia pública de vivienda AVRA, que no se ha puesto en contacto con las denunciadas por la arrendataria.

Con todo, la propia jueza cuestiona que "este proceso penal sea el cauce más adecuado sobre el mejor derecho de una u otra propietaria", que en caso de un acuerdo entre las partes podría suspenderse.