Juzgan a falsos abogados por estafar 108.000 euros a inmigrantes por papeles

La Fiscalía pide 16 y 13 años de cárcel para un hombre y una mujer acusados de hacerse pasar por abogados que podían regularizar la situación de extranjeros en España, llegando a estafar una cantidad total de 107.997 euros a más de un centenar de personas, a algunas de las cuales amenazaron al verse descubiertos.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará desde el martes a los dos acusados por los presuntos delitos de estafa, falsedad, intrusismo y amenazas, ya que en seis ocasiones trataron de amedrentar a los estafados al ver que les habían denunciado, con frases como "presentaré pruebas contra ti, atente a las consecuencias (...)" o "me lo vas a pagar".

Así se relata en el escrito de la Fiscalía, que solicita 16 años y 4 meses de cárcel para David I.G. y 13 años y 8 meses para Rosilani A.S., además de una multa de 8.640 euros para cada uno y que reintegren a los estafados las cantidades sustraídas, que oscilan entre los 30 y los 3.000 euros, y les prohíbe acercarse a las personas amenazadas.

Relata la Fiscalía que ambos gestionaban conjuntamente una gestoría ubicada en diferentes lugares de Madrid, principalmente en la calle Zurbano, en la que la acusada era propietaria y trabajadora y el acusado trabajador y encargado. Tenían diferentes sedes "a fin de que los clientes no pudieran localizarlos para reclamarles por las gestiones encargadas".

Desde al menos 2008 los acusados, "actuando de previo y común acuerdo", dieron publicidad a dicha gestoría mediante folletos, "a sabiendas de que ninguno de los dos tenía título que le permitiera ejercer como abogado en España", en los que explicaban sus supuestos conocimientos de los trámites legales en materia de extranjería.

Luego aseguraban a los clientes que la gestión que les encomendaban tendría éxito, cuando en realidad los acusados sabían que eso era imposible, afirma el escrito fiscal.

Así, creyendo que eran abogados expertos, más de un centenar de extranjeros les entregaron diferentes cantidades que los acusados hicieron suyas "con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, sin llegar a iniciar la gestión encomendada en ciertos casos y en otros iniciándola a sabiendas de su inviabilidad legal".

Llegaban a confeccionar contratos de trabajo en los que fingían la intervención de ciertos particulares o empresas como empleadores, cuando en realidad estos ignoraban totalmente la existencia de tales contratos, expone el fiscal.