El Juzgado de lo social 3 de Sevilla ha dictado una sentencia en la que califica como "procedente" y "plenamente justificado" el despido del exministro de Sanidad socialista Bernat Soria por parte de la Junta de Andalucía en mayo en 2019, cuando ya gobernaban el PP y Cs, y rechaza la indemnización de 2,7 millones de euros que pedía.

En la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que puede ser recurrida, el juez desestima la demanda por despido y por vulneración de derechos fundamentales presentada por Soria, que fue ministro entre 2007 y 2009, contra la Fundación Pública Andaluz Progreso y Salud, que pertenece a la Junta.

Soria "incumplió su deber de exclusividad" porque actuó como "administrador de hecho y de derecho y apoderado de varias sociedades" y "en ningún momento comunicó estas actividades a su empleadora" y "las mantuvo ocultas y, además, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo", añade la sentencia.

"Cuando fue advertido de ello en el pliego de cargos, lejos de reconocerlo actuó con evasivas achacándolo todo a una campaña de acoso y desprestigio que se ha revelado inexistente", subraya la resolución judicial, que rechaza las acusaciones de Soria de una campaña de desprestigio internacional contra él y de buscar su muerte científica.

El juzgado recuerda que Soria "era un prestigioso investigador, con un cargo directivo relevante (Director del Departamento de Células Troncales de CABIMER y Director del Observatorio de Prospectiva y Alianzas Internacionales en I+D en Salud de Andalucía), que percibía a buen seguro uno de los salarios más elevados del sector público andaluz".

El exministro firmó un contrato que le impedía actividades comerciales o profesionales "de cualquier índole" para otra empresa o para sí mismo, una exclusividad por la que recibía 5.000 euros al año y elevaba su sueldo bruto anual a 180.000 euros.

En este sentido, la sentencia explica que "a la vista del cuantioso sueldo que se pactó (180.000 euros al año), al poco tiempo de abandonar su cargo, en un empleo público (la empleadora era y es una fundación pública) y cuando ya se vislumbraba la crisis económica, es ciertamente osado, por no decir temerario, afirmar que se le trató con menos consideración".

"La pérdida de confianza es total, pues el Sr. Soria era un trabajador de total confianza en la estructura empresarial", señala el juzgado, que rechaza que el exministro fuera "hostigado o humillado en ningún momento, ni menos aún se vulneró su derecho a la integridad física y moral ni su derecho al honor ni se atentó contra su dignidad".

Todo ello "sin perjuicio de que puntualmente hubiera sido objeto de falta de consideración o de algún desaire, lo que desde luego no constituye acoso (falta el elemento de la reiteración), así como de las tensiones o conflictos inherentes a una relación laboral, que a buen seguro son más fácilmente soportables en la posición y condiciones de un trabajador como el Sr. Soria".

El exministro "fue contratado por una fundación del sector público andaluz dependiente de la Junta de Andalucía a cuyo frente se encontraba un partido político opuesto al que ocupaba el gobierno andaluz cuando se produjo el despido", indica la sentencia.

"Esto, desde luego, echa por tierra la idea de una supuesta campaña que se habría prolongado a lo largo de los años con administraciones de distinto y contrario signo político", zanja el juzgado las quejas de Soria.