La Ley del Registro Civil de 2011, que preveía crear un registro electrónico e implicaba el cierre de miles de oficinas en todo el país, será reformada antes de su entrada en vigor, sucesivamente aplazada y prevista ahora para abril de 2021.

Así lo ha anunciado en el Senado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha avanzado que se basará para la reforma en una iniciativa registrada por el PP en el Congreso y tenderá a un sistema intermedio que combine el acceso electrónico con las oficinas físicas.

En su último informe anual, hecho público la pasada semana, el Defensor del Pueblo alertó de los "problemas y deficiencias" de los registros civiles con dependencias obsoletas, faltos de personal y sin informatizar, factores que conducen al "colapso" de estas oficinas.

Han estado de hecho en el punto de mira durante la pandemia del coronavirus, saturados ante el incremento de defunciones y con importantes retrasos a la hora de inscribir todas las muertes.

Campo ha recordado que el real decreto diseñado por su departamento con medidas organizativas y urgentes para evitar el colapso de los juzgados tras el estado de alarma incluyó la última ampliación de la "vacatio legis" de la Ley del Registro Civil.

Según ha explicado, era imposible poner en marcha las estructuras y medios que exigía la ley, que preveía la desaparición de la mayoría de las oficinas del registro civil (más de 8.000 actualmente).

"En modo alguno podía suceder de manera abrupta", ha señalado Campo, quien ha apostado por "un modelo intermedio, que se adapte mejor a nuestra realidad" en el que no sea incompatible la accesibilidad a los servicios del registro civil en cada territorio con la eficiencia y eficacia de la prestación.

El ministro ha explicado que aprovechará el nuevo aplazamiento para reformar parcialmente la norma de 2011, "adaptando alguna de sus exigencias a nuestras capacidades y necesidades actuales", y ha avanzado que se basará en una iniciativa presentada por el PP en el Congreso.

Los populares registraron su proposición de ley el pasado enero y recordaron que era la tercera vez que lanzaban sin éxito esa iniciativa.

Su objetivo es preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, garantizar el acceso a todos los ciudadanos impulsando también servicios electrónicos, y respetar los derechos de los letrados de la Administración de Justicia que trabajan en los registros. EFE