El Ministerio de Justicia y la Fiscalía ultiman un plan de prevención de riesgos laborales específico para los fiscales, como piden en una demanda contra ambas instituciones y doce comunidades autónomas dos asociaciones de integrantes de la carrera fiscal, según han informado a Efe fuentes de la negociación.

Así lo han reclamado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales (AF) en una vista celebrada esta semana en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Entre otros argumentos, esas asociaciones acusaban a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de enviar a los fiscales a trabajar "de forma temeraria" en plena pandemia "sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales" y exponiéndoles a un "contagio letal" de coronavirus covid-19.

La fuentes consultadas por Efe explican que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, firmarán "en fechas inmediatas" un convenio que prevé la implantación de un plan de riesgos laborales que contemple las particularidades del desempeño de los fiscales.

Dicho convenio se enmarcará en un nuevo esquema común de seguridad laboral en la Administración de Justicia.

Asimismo, se constituirá una comisión mixta de seguimiento del plan de la que formarán parte las asociaciones de fiscales.

Justicia dotará a la Fiscalía de los instrumentos necesarios para evaluar los riesgos laborales de sus profesionales, la puesta en marcha de la Comisión de Seguridad y Salud en el Ministerio Fiscal, la realización de revisiones médicas periódicas y voluntarias, y la adaptación de las funciones de los puestos de trabajo en función de las particularidades de los fiscales.