El que fuese guardaespaldas del expresidente venezolano Hugo Chávez, Adrián Velásques, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta este jueves a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional, tribunal que hace dos años rechazó entregarle a Venezuela.

Detenido en diciembre del año pasado junto a su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela, Velásques se sentará ante la sección segunda de la Sala de lo Penal, que debe decidir sobre la petición de las autoridades estadounidenses, apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Le reclaman por un delito de "asociación delictiva para cometer lavado de dinero" -equivalente en España a blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal-, según explica el ministerio fiscal en el escrito donde apoya la entrega.

Lo hace porque, de acuerdo con su argumentación, se cumplen los requisitos para ello, como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito, además de que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no están siendo investigados en España, donde también existen pesquisas sobre supuestas tramas de lavado de dinero relacionadas con la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa.

El fiscal reproduce en su escrito el relato de hechos aportado por las autoridades estadounidenses contra Velásques, cuyo proceso de extradición es independiente al de su mujer, que también fue enfermera de Chávez y cuya vista se celebrará más adelante, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Después de que la Audiencia acabase rechazando entregar a ambos a Venezuela al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad, ahora están reclamados por Estados Unidos por su presunta vinculación con una "estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano" desde 2008 hasta 2017.

Según la acusación, Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, "ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (...) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables".

Así, sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz; y a Velásquez, en beneficio de ella.

Para ocultar los pagos Gorrín utilizó cuentas de empresas ficticias, según el relato de acusación, que afirma que entre 2011 y 2013 ordenó pagos "de por lo menos 65 millones de dólares", y que "también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de diseñador de modas (...).

El empresario, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela, fue acusado en agosto de 2018 como cómplice de "conspiración para lavado de dinero" y "lavado de dinero".

Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión y, como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados "a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país".