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Justicia y Cruz Roja cooperarán en identificar cadáveres de desaparecidos

El Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española han renovado un convenio de colaboración por el que se facilita el intercambio de información entre ambas instituciones para identificar cadáveres de personas desaparecidas en fenómenos migratorios, catástrofes naturales y conflictos bélicos.,El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el convenio con el que se pretende dar respuesta, entre otras cosas, a las consecuencias que tiene "el actual y complejo fenómeno m

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10:01

El Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española han renovado un convenio de colaboración por el que se facilita el intercambio de información entre ambas instituciones para identificar cadáveres de personas desaparecidas en fenómenos migratorios, catástrofes naturales y conflictos bélicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el convenio con el que se pretende dar respuesta, entre otras cosas, a las consecuencias que tiene "el actual y complejo fenómeno migratorio", que ha provocado la "dispersión de familias" y la existencia de "múltiples casos de personas desaparecidas".

En virtud de este acuerdo, el Instituto de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología -ambos dependientes del Ministerio de Justicia- cruzarán sus bases de datos de cadáveres no identificados con la información de personas desaparecidas del Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española.

Si coinciden los datos, se comunicará a Cruz Roja, a fin de que facilite el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes, de forma que se ayudará en la identificación de personas desparecidas, se dará respuesta a sus seres queridos y se podrán archivar los correspondientes procesos judiciales.

La colaboración con esta institución humanitaria, que posee una extensa red de Servicios de Restablecimiento del Contacto Familiar en España y en otros 186 países del mundo, permitirá actuar más allá de las fronteras nacionales "con total transparencia, con una metodología conjunta y garantizando la confidencialidad".

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y podrán adherirse a él aquellas comunidades autónomas que tengan competencias en materia de justicia.

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