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La Justicia belga retoma este martes el caso Valtonyc tras tumbar el Constitucional belga el delito de injurias al Rey

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 08:58

El Tribunal de Apelación de Gante celebra una nueva vista este martes sobre la entrega a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, después de que el Tribunal Constitucional belga tumbara el delito de injurias al Rey en relación con su caso.

En la nueva cita judicial, el tribunal de segunda instancia tendrá ya en la mano la respuesta a la pregunta prejudicial que elevó al Constitucional, que declaró contrario a la Carta Magna la defensa especial del monarca. De la vista no saldrá en principio una decisión sobre la extradición, pero sí servirá para fijar una fecha para resolver el caso del cantante balear.

En todo caso, Valtonyc, que huyó de España en junio de 2018, encara la fase final de su posible entrega a la Justicia española, que le reclama tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Su extradición ya fue rechazada en primera instancia hace ahora tres años.

EL CONSTITUCIONAL TUMBA EL DELITO DE INJURIAS

El pasado mes de octubre, en respuesta al caso de Valtonyc, el Tribunal Constitucional de Bélgica declaró inconstitucional la ley belga que persigue los insultos al Rey al considerar que colisiona con la libertad de expresión. El tribunal de Gante preguntó al alto tribunal si cabía aplicar la ley belga sobre delitos contra la Corona de 1847.

Dicha norma es incompatible con la protección constitucional a la libertad de expresión, según declaró el Constitucional, que afirmó que la normativa "no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del Rey". Este fallo puede conducir a que haya cambios en la legislación belga y fue celebrada por la defensa de Valtonyc como una "victoria" y un "paso histórico" en la interpretación de la libertad de expresión en el país.

En sus alegaciones al Constitucional, el Estado defendió que independientemente de que se declarara inconstitucional la controvertida ley, se debería proceder a la ejecución del mandato de la entrega a las autoridades españolas porque los delitos por los que se le reclama están recogidos en el código penal belga en artículos sobre calumnia, difamación e injuria.

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