El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la prohibición del consumo de comida y bebida en el interior de las salas de cine impuesta por el Principado dentro de las medidas anti-covid al considerar que el principio de precaución obliga a dar preferencia al interés general de protección a la salud frente al económico del colectivo.

El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación de Cines de España (FECE) contra la resolución de la Consejería de Salud que sólo se autoriza el consumo de bebidas en espectáculos al aire libre y con público sentado, al alegar que de esta forma se ocasiona al sector daños económicos, así como un tremendo agravio al permitirse beber y comer en bares y restaurantes.

El TSJA ha dado la razón al Principado, que defendía la proporcionalidad de la medida en base a los riesgos que suscita esta actividad dentro de las salas y ante la situación epidemiológica que registra Asturias.

Los magistrados inciden en el auto en que no se aprecia la irreparabilidad del perjuicio al sector cuando alega un perjuicio por causas económicas ya que para estos supuestos existe la vía indemnizatoria y en todo caso prima el interés general de protección de la salud.

Además, para el TSJA, la medida de prohibición de consumo es indiciariamente justificada y proporcionada en cuanto sirve de medio para conseguir la apertura de las salas de cine sin que supongan un riesgo exacerbado por la transmisión del covid.

CUATRO COMUNIDADES MANTIENEN LA PROHIBICIÓN

Asturias es una de las cuatro comunidades junto a Cantabria, Aragón y Extremadura en las que aún sigue vigente la prohibición de comer y beber en las salas de cine, después de que esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sí haya decidido levantar le medida cautelarmente.

En Cantabria aún se está pendiente de resolver el recurso contencioso-administrativo, mientras que en Extremadura el Tribunal Superior de Justicia rechazó adoptar "medidas cautelarísimas" (de especial urgencia) y la FECE está a la espera de respuesta sobre las "medidas cautelares".

En Aragón, la corte ha pedido a las dos partes -FECE y Gobierno regional- que presenten nuevas alegaciones al considerar que podría existir "un potencial vicio de inconstitucionalidad".