El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un plan para mejorar el servicio que prestan las oficinas judiciales, que arrancará con una serie de reuniones con las asociaciones del mundo judicial y con la visita de representantes del departamento a las 27 sedes judiciales que dependen del Ministerio.

Según ha informado hoy Justicia en un comunicado, la semana que viene se celebrarán varias reuniones entre miembros del Ministerio y representantes de las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y letrados judiciales, de las organizaciones sindicales y otros colectivos implicados, con el fin de diagnosticar los fallos de estas oficinas.

Esos encuentros deben servir para poner en marcha grupos de trabajo que analicen y evalúen el estado de las oficinas y la implantación del expediente electrónico, entre otros aspectos.

De manera paralela a los grupos de trabajo, miembros de la Dirección General de Modernización visitarán en las próximas semanas las 27 sedes judiciales sobre las que tiene competencia el Ministerio para recabar las especificidades de cada una que deben ser tenidas en cuenta en el momento de aplicar los planes de calidad acordados.

Justicia quiere además instaurar en las oficinas judiciales diversos programas de calidad que engloben sistemas de respuesta a las quejas de los usuarios y análisis de la satisfacción de la ciudadanía.

En una segunda fase, a partir de marzo de 2019, el Ministerio aplicará el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM), que es un modelo de excelencia para organizaciones que inician su proceso hacia la gestión de calidad.

La tercera fase consistirá en elaborar un mapa para implantar sistemas de medición de la actividad de las oficinas, todo ello con el objetivo de conseguir finalmente la certificación de excelencia.

Este sistema, indica el Ministerio, es el mismo que han desarrollado ya muchas organizaciones públicas como las delegaciones y subdelegaciones de Defensa, todas las direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social, la Intervención y la Tesorería General de la Seguridad Social, así como numerosas diputaciones provinciales y ayuntamientos.