El Tribunal Constitucional ha anulado la entrega a Angola de un ex alto cargo de su Gobierno, Carlos Panzo, acusado de recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht, al entender que el órgano que dictó la solicitud de extradición no cumplía los estándares de independencia.

El tribunal de garantías ha estimado el recurso de amparo del reclamado en una sentencia, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde considera que la decisión de la Audiencia Nacional infringió sus derechos a la tutela judicial efectiva y a tener un proceso con todas las garantías.

Las autoridades angoleñas reclamaban la entrega de Panzo, que fue secretario de Asuntos Económicos del presidente de la República, por haber recibido y ocultado en Suiza supuestos "sobornos o comisiones" por parte de la empresa Odebrecht, que se vio envuelta hace años en un escándalo de corrupción internacional.

Ésta, según la reclamación de Angola, "conseguía la adjudicación de importantes contratos públicos, gracias a la creación de 'fondos negros', con los que compensaba con sobornos a políticos y exdirectivos de empresas estatales y paraestatales en los países donde desarrollaba su actividad".

Además de secretario de la Presidencia, Panzo pasó por el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional del Tesoro, el Ministerio de Coordinación Económica, fue director nacional de Deuda pública y director ejecutivo del Banco de Desarrollo de Angola (BDA), según la sentencia.

Aunque al principio su extradición fue rechazada, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia acabó aceptándola a petición de la Fiscalía al considerar que se cumplían los requisitos para ello dado que los hechos por los que le reclamaba su país podrían constituir en España un delito de cohecho pasivo, otro contra la hacienda pública y un tercero de blanqueo.

El reclamado, que fue detenido en Marbella en septiembre de 2019, recurrió ante el Constitucional, que ahora le ha dado la razón siguiendo el criterio de la Fiscalía que, en esta ocasión, pidió que se le diese amparo.

El Ministerio fiscal consideraba que "el órgano competente para formular las demandas de extradición de la República de Angola no cumple los estándares de independencia del poder ejecutivo que exige la jurisprudencia constitucional".

En consonancia, el TC afirma que las resoluciones judiciales impugnadas aceptaron "de las autoridades angoleñas, como soporte de la demanda extradicional, un escrito del fiscal carente de genuino refrendo judicial" y que, por ello, "han incurrido en un déficit de tutela del derecho a la libertad del reclamado".

Explica que, según la legislación angoleña, "el procurador general de la República recibe instrucciones directas del presidente de la República", con lo que, afirma, "no parece posible entender" que en el órgano que formula las demandas de extradición "se cumplan los estándares de independencia", y añade que la reclamación se dictó sin control judicial.