La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado que el crimen de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María del Carmen Martínez, asesinada por dos tiros en diciembre de 2016, y donde su yerno Miguel López es el único acusado, sea enjuiciado con un jurado popular.

De esta forma, la Secretaría del Jurado de la Audiencia alicantina desestima la petición del abogado del único acusado, que había solicitado un tribunal de magistrados para ser objeto de un juicio "profesional" y evitar la "contaminación" que, en su opinión, tendrán los miembros del jurado por lo mediático del caso.

En un auto con fecha del 14 de marzo, facilitado hoy a Efe, la magistrada Francisca Bru ha argumentado que Miguel López, único acusado y para el que la fiscalía pide más de 24 años de prisión por el crimen, "pretende recusar a un tribunal que ni siquiera está aún formado".

Y "dudando con carácter previo de su imparcialidad y olvidando todas las garantías que la Ley del Jurado establece para un juicio justo y para que no resulten vulnerados los derechos constitucionales alegados por la defensa", ha añadido.

De esta manera, la magistrada asegura que el acusado va a ser enjuiciado por un tribunal "imparcial", lo que le garantiza el derecho al presunción de inocencia y a un proceso "con todas las garantías".

Otra de las cuestiones previas planteadas por el letrado de Miguel López es que, si no se aceptaba un tribunal profesional, que al menos el juicio con jurado fuera en una provincia distinta de las tres que conforman la Comunitat Valenciana y que se eligiese por sorteo.

La magistrada vuelve a desechar esta posibilidad por ser "contraria a la ley y a las normas sobre competencia territorial" y, además, porque "no hay precedente jurídico alguno".

López también pidió que en la cédula judicial de citación de los miembros del jurado no se incluyan los datos identificativos que permitan conocer el asunto para el que son llamados, que se les incomunique desde el comienzo de las sesiones y que el juicio sea a puerta cerrada.

Sin embargo, la Audiencia también rechaza estas solicitudes con el argumento de que la Ley del Jurado garantiza todos los derechos, y también niega la petición del abogado de López de que el caso deje de ser por asesinato y pase a ser considerado como un supuesto robo frustrado perpetrado por una persona desconocida.

Contra el auto, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en el plazo de diez días hábiles.

Miguel López lleva casi dos años en libertad provisional tras depositar una fianza de 150.000 euros y es el único acusado de un crimen ocurrido a las 19 horas del 9 de diciembre de 2016, cuando la víctima recibió dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y que administraba el único investigado, el propio López.

La Policía sostuvo desde el principio que el móvil era la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la CAM.

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Su viuda y el hijo primogénito del matrimonio estaban enfrentados a las otras tres hijas del matrimonio y a los maridos e hijos de éstas por ese control de la compañía.

A López se le atribuyen los supuestos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, por que se enfrenta a una petición de pena de más de 24 años de prisión.