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Un jurado popular declara culpable al médico pontevedrés acusado de cohecho por cobrar los certificados de defunción

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12 feb 2021

El jurado popular ha declarado culpable de un delito continuado de cohecho a un médico pontevedrés adscrito al Centro de Salud de A Parda acusado de exigir pagos por emitir certificados de defunción, un documento que es gratuito.

La lectura del fallo ha tenido lugar este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra después de que la magistrada entregase a media mañana a los miembros del jurado el objeto del veredicto con una serie de cuestiones que han tenido que fundamentar.

El fiscal del caso, Jesús Calles, había ratificado en sus conclusiones definitivas su petición inicial de tres años y medio de cárcel, así como la inhabilitación de este facultativo para el ejercicio de la medicina durante siete años y medio.

Durante la vista oral este médico de familia negó haber percibido pagos por expedir estos documentos que son gratuitos, y su abogado solicitó la libre absolución del galeno y señaló a los empleados de las funerarias como responsables de los cobros.

A lo largo de las dos sesiones del juicio prestaron testimonio en la sala de vistas de la Audiencia de Pontevedra familiares, responsables y empleados de distintas empresas funerarias de Pontevedra, Cotobade, Chantada o Mazaricos, que aseguraron que este médico les exigía cobrar sobornos por expedir certificados de defunción.

La pauta que se repetía en estos casos era que estos decesos fueron por causas naturales y que se producían en días festivos o durante el fin de semana, cuando el acusado estaba trabajando de guardia como médico de urgencias del PAC. Entonces el acusado acudía con el 061 a los domicilios, pero abandonaba pronto el lugar sin dejar ningún tipo de documento en la vivienda que acreditase el deceso, imposibilitando de ese modo que las funerarias pudieran manipular el cadáver.

Para lograr este certificado este médico pedía a los agentes funerarios que se pasasen por su consulta para tramitar la documentación, por la que les exigía el pago de ciertas cantidades que, según declararon, oscilaban entre los 30 y los 100 euros.

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