El jurado ha declarado no culpables a los seis acusados de un delito de malversación de fondos públicos por espiar en 2008 a cargos políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con lo que serán absueltos en la sentencia que dictará la Audiencia de Madrid. El veredicto del jurado, leído en una vista pública celebrada en la Audiencia Provincial madrileña, estima que no son culpables el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y el técnico de la Administración regional que se han sentado en el banquillo. Concretamente estaban acusados de hacer seguimientos entre marzo y mayo de 2008 a excargos políticos del PP como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo.

Para su veredicto el jurado ha tenido en cuenta la declaración de Prada en el juicio -Cobo no compareció por motivos de salud-, que dijo que cuando estaba en Madrid iba en un vehículo oficial siempre con un escolta, que le recogía y le dejaba en su casa y que le acompañaba durante toda la jornada.  El jurado recuerda que Prada añadió que no detectó en ningún momento la presencia de seguimiento a su persona y no supo nada de esto hasta que lo publicó el diario El País en 2009. Igualmente han tenido en cuenta la declaración de Enrique Barón Castaño, que sustituyó en el cargo de director general de Seguridad a Sergio Gamón.

El veredicto señala que Enrique Barón aseguró que no tuvo constancia de la verosimilitud del espionaje desvelado por el citado periódico y que no recibió comunicación alguna de los policías adscritos al servicio de escolta de Cobo y Prada de que estas personas podían estar siendo objeto de seguimientos. Añade que, por su parte, la entonces secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Mar Pérez Merino, testificó que se le encargó una investigación interna para comprobar lo que se estaba publicando y que "no encontró nada raro".  Asimismo indica que Francisco Granados, que en esa época era el consejero de Presidencia e Interior, negó que los guardias civiles acusados, que trabajaban como asesores de seguridad en la Comunidad de Madrid, acudieran a él para denunciarle que se les estaba impartiendo órdenes ilegales para este espionaje.

El jurado relata que el comisario al que se le encargó la investigación en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Jaime Barrado, reconoció que no se hizo ninguna comprobación para determinar si los agentes acusados estaban en los mismos lugares que los supuestos espiados por actos públicos de la Comunidad de Madrid o por otros motivos. Para los miembros del jurado no se puede determinar que los partes de seguimiento fueran escritos por el técnico de la Administración regional acusado por las contradicciones de los distintos informes periciales caligráficos elaborados en la causa.

El abogado defensor de dos acusados guardias civiles y el técnico de la Administración regional, Ramón González Bosch, ha declarado a los periodistas que considera que "se ha hecho justicia a pesar de que han tardado 10 años en hacerlo". Ha anunciado que se querellará contra "aquellos periodistas que durante 10 años y a día de hoy han mantenido una evidente injusticia de una manera torticera y de mala fe". 

Javier Vasallo, letrado del otro guardia civil acusado, ya adelantó en el juicio su intención de ejercer acciones penales contra los responsables de las investigaciones a raíz de lo manifestado en su declaración como testigo en el juicio por el excomisario de la UDEF Jaime Barrado. Jaime Barrado denunció "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como "irregularidades" de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.