El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva han pedido al Tribunal Supremo que en el juicio al procés puedan utilizar el catalán si lo desean y que se habiliten cinco plazas en la sala para observadores internacionales. Así lo solicitan Junqueras y Romeva, ambos de ERC, en el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, que mañana interpondrán ante el Tribunal Supremo, donde en las próximas semanas se celebrará el juicio en el que afrontan una petición fiscal de 25 y 16 años de cárcel, respectivamente.

En el escrito, Junqueras y Romeva piden al tribunal que les permita utilizar el catalán, su lengua materna, si esa es su intención en el interrogatorio, la última palabra o los careos, para lo que solicitan que se garantice la presencia de intérprete. Según el escrito, la Carta Europea de lenguas minoritarias, ratificada por España en 2001, determina que el uso de la lengua propia cooficial debe garantizarse en un proceso penal. Además, los dos acusados también solicitan que se habiliten cinco plazas para observadores internacionales, ya que su presencia es una práctica "no sólo tolerada tradicionalmente sino consustancial al ejercicio público e imparcial de la justicia".

De cara al juicio, Junqueras y Romeva, actualmente en prisión preventiva, piden poder quedar en libertad para poder preparar su defensa y porque mantenerles entre rejas durante el juicio supone un mecanismo para su "estigmatización pública" y constituye un "adelantamiento de la condena". Asimismo, denuncian que durante su detención, traslados y encarcelamiento han sido "indebidamente tratados" y "vejados de palabra" por funcionarios públicos.

Según el escrito, el proceso judicial al que se han visto sometidos ha estado "contaminado" por el "claro sesgo ideológico" de instructores y de investigadores, hasta el punto de convertirse en una "causa general" contra el independentismo. En este sentido, piden que queden fuera del procedimiento en el Supremo la totalidad de informes procedentes de la causa abierta por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, ya que ha llevado a cabo una investigación "teñida de ilicitud desde su inicio, tramitada con un frontal desprecio de los derechos fundamentales de los investigados y sometida a un desproporcionado secreto de actuaciones".

También piden que la secretaria del Juzgado 13 de Barcelona, que tuvo que salir por la azotea ante el cerco a la comitiva judicial que el 20 de septiembre de 2017 registró la consellería de Economía, no siga teniendo la condición de testigo protegido. "El relato judicial artificial construido por el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, así como todas las fuentes de prueba (ilícitas) que alimentan la presente causa, no son otra cosa que el fruto de dicha irregular investigación, 'instrumentalizada' a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes", apuntan. Según Junqueras y Romeva, que piden su absolución, las acusaciones describen hechos que constituyen "ejercicio de derechos cívicos fundamentales" y los vinculan "irracionalmente" con tipos delictivos.