Junqueras dice que es un juicio "político" y se niega a contestar al fiscal y al resto de las acusaciones

Junqueras dice que es un juicio político y se niega a contestar al fiscal y al resto de las acusaciones

Europa Press

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 11:02

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el primero en enfrentarse la interrogatorio de las acusaciones y de las defensas que lo consideren oportuno en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, se ha negado este jueves a contestar a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular Vox. Ha dicho que se encuentra en un "juicio político" y declarará en castellano.

Junqueras es el encausado para quien la acusación pública solicita una pena más elevada, 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

La fase de interrogatorios comienza este jueves tras dos días de sesiones, supone el inicio en sí del juicio. Hasta el momento, las jornadas celebradas se han dedicado para debatir las denominadas cuestiones previas, es decir, la denuncia de las defensas sobre las posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Este trámite legal es el último intento de los abogados de los doces acusados para conseguir una muy improbable anulación del procedimiento criminal.

TRAJE Y CORBATA

La declaración ha comenzado a las 10.55 horas, después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, comunicase a las partes la resolución de algunas de las cuestiones previas, que en su gran mayoría han sido rechazadas por los siete magistrados que juzgan los hechos.

Junqueras, que sólo contestará a su abogado, Andreu Van den Eynde, ha decidido vestir para la ocasión de manera más formal que los días anteriores --pues hoy lleva traje y corbata, acompañando el pin de consejero de la Generalitat que ha portado en la solapa los días previos--.

"No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político, me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha dicho al juez Marchena para anunciar que sólo contestará a su defensa.

Se ha sentado ante el tribunal arropado por una delegación encabezada por el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés; la portavoz del Gover, Elsa Artadi y las consejeras Ester Capella y Teresa Jordá, entre otros.

Sólo Artadi ha entrado al Salón de Plenos para presenciar la tercera jornada del juicio del 'procés', mientras que los demás seguirán la sesión desde un hotel de Madrid, dado que algunos como Torrent y Aragonés no pueden acceder a la vista hasta que no declaren como testigos.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Junqueras participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Asimismo, señala que obvió las advertencias que los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra le hicieron durante la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada en los días previos al 1-O sobre la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos ese día.

DEFIENDE QUE NO HUBO VIOLENCIA EN EL 1-O

Por su parte, Junqueras defiende la legalidad del referéndum, en cuya jornada --asegura en su escrito de defensa-- no hubo ningún alzamiento violento ni el delito de rebelión. Además, denuncia la existencia de una causa para escarmentar el independentismo.

El que fuera 'número dos' de Carles Puigdemont tampoco va a responder a la batería de preguntas de la acusación popular Vox, como viene siendo habitual en este procedimiento, pues no lo ha hecho anteriormente durante la instrucción de la causa. El partido de Santiago Abascal solicita para Junqueras 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos.

La pena que solicita la Abogacía del Estado es más leve, pues tan sólo interesa la imposición de 12 años de prisión por sedición y malversación.

Lo más